Eduardo Zaplana denuncia en la fase final de su juicio que fue "víctima de un montaje" para meterle en la cárcel

El juicio contra Eduardo Zaplana ha entrado en su fase final y la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP ha denunciado en su informe final que su cliente fue "víctima de un montaje" de la Guardia Civil para meterle en la cárcel.

El abogado de Eduardo Zaplana, el exfiscal Daniel Campos, ha calificado este miércoles de "antigua" a la Policía Judicial que ha investigado al político de Benidorm y ha asegurado que es "propia" de "un régimen anterior del 78".

"Nunca he creído en las teorías conspiratorias", ha puntualizado la defensa, al tiempo que ha destacado que "aquí no podemos creer la versión oficial", en referencia a los denominados como papeles del sirio que se hallaron escondidos en una antigua vivienda de Zaplana y que dieron lugar a la investigación.

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A su juicio, la versión de este hallazgo casual "es claramente falsa", pues "en ningún caso puede haberse dejado esos documentos".

"Cuando visitaba a Zaplana en prisión me decía 'me la han montado, esto no puede ser'. Ahora, después de lo visto en el juicio, llego a la convicción de que fue un montaje desde el primer minuto y se creó una verdad artificial".

Según ha expuesto la defensa del político del PP en su informe final, "no se ha buscado la verdad, sino apuntalar esa versión que la Guardia Civil ya daba en noviembre de 2015". Una teoría policial que "sirvió para meter en la cárcel a Zaplana y seguir investigando".

Así lo ha manifestado en su informe el letrado de Zaplana en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra el exministro. El tribunal juzga el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

La fase final del juicio empezó este martes con la exposición de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal abrió la lectura de los informes y rebajó en dos años la pena solicitada para Zaplana, que pasó de 19 a 17 años al eliminar el delito de falsedad en documento oficial.

Además, retiró la acusación contra tres personas: la exdiputada del PP Elvira Suances, el peluquero Pedro Romero y el empresario Ángel Salas.

También dejó la pena para el expresidente de la Generalitat y de Bancaja, José Luis Olivas, en dos años, similar a la de cuatro acusados que reconocieron los hechos.

En su intervención, el fiscal defendió el trabajo de la Guardia Civil que permitió hallar de una manera casual los conocidos como papeles del sirio y su papel en la investigación.

"Los agentes de Policía Judicial no pueden hacer oídos sordos ni cerrar la vista ante hechos nuevos que aparecen en una investigación".

El fiscal lamentó que Zaplana no tuviera la "honradez" suficiente para "haber reconocido su participación" en los hechos y "usar a tantos amigos" para su propio beneficio.

La Fiscalía también citó las palabras de Zaplana en el juicio cuando aseguró que no pudo recibir dinero de Juan Cotino -fallecido en 2020- porque en esa época, tras dejar de ser presidente, no se llevaba bien con él.

"Como dice la canción, 'las mulatas, cuando son de bandera, confunden el corazón con la billetera'. Aquí no hablamos de corazones, sino de negocio. No hablamos de amistad, sino de dinero, que no tiene ni patria ni color. Es, simplemente, dinero. No sé si Cotino se hablaba o no con Zaplana, pero no es lo relevante".

Caso "preocupante"

La defensa de Zaplana ha lamentado el tono del fiscal en su intervención del martes y ha recordado que el Tribunal Constitucional reconoció la vulneración de derechos fundamentales en la detención de uno de los acusados.

"No creemos que una instrucción en la que ha existido una sentencia declarando una lesión de derechos fundamentales deba ser ejemplo de nada; además, la Policía Judicial que hemos tenido aquí tampoco creemos que sea moderna, sino antigua, propia de un régimen anterior al del 78", ha insistido.

Así, estima "preocupante" la tendencia en "algunas" formas de investigación.

"No hay que buscar atajos para luchar contra la corrupción ni inventos ni soluciones rápidas que determinan una rebaja de las garantías. En justicia penal el fin no justifica los medios. El fin no es el éxito sobre el enemigo sino la verdad procesal obtenida con respecto a las garantías".

Por otro lado, el letrado ha criticado que la prisión provisional se utilizara con una "finalidad espúrea, para presionar a las personas en prisión con el objetivo de que dijeran dónde estaba el dinero".

"Y hasta que no apareció el dinero, no se decretó la libertad. No se protegía el riesgo de fuga o la destrucción de pruebas, sino que se estaba esperando a ver si se rendían y decían dónde estaba el dinero", ha destacado.