Máxima liquidez, mínima credibilidad. Esta es la gran paradoja con la que el Ayuntamiento de Valencia afronta ofensiva pública del Valencia CF para acabar el Nou Mestalla, cuyas obras llevan 15 años estancadas.

El consistorio se encuentra ante un club que jamás ha tenido tantos fondos para reactivar la fallida inversión (más de 110 millones de euros), pero que acumula un sinfín de palabras incumplidas y se encuentra en clara desinversión deportiva en la ciudad.

Todo iría sobre ruedas si las fichas urbanísticas y el convenio que el ayuntamiento debe rubricar en los próximos dos meses tuvieran que ser pactados con una empresa seria. Pero no es el caso del máximo accionista del club valencianista.

El Valencia CF cuenta con 80 millones de euros del crédito concedido por el fondo CVC que solo puede destinar a infraestructuras como el estadio. Además, esta misma semana, el fondo inversor Atitlan hizo público su compromiso de compra del suelo terciario anexo al nuevo campo si el proyecto sale adelante. El importe se estima en más de 30 millones de euros.

Cabe añadir además que el Ayuntamiento de Valencia tiene constancia de la solvencia financiera del club, acreditada por CaixaBank al consistorio. Y que la entidad bancaria se ha comprometido a conceder un crédito puente al Valencia CF para dotarlo de liquidez y permitirle acabar las postergadas obras.

Los planetas parecen haberse alineado para hacer realidad lo que parecía imposible hace unos años. Peter Lim prometió cuando se convirtió en el máximo accionista en 2014 que el Valencia CF celebraría su centenario en el nuevo campo. Por contra, ya acumula una década de inactividad pese a las múltiples promesas de reactivación realizadas durante todo este tiempo.

El problema es que, lejos de mejorar, su credibilidad ha ido a peor año tras año. El mayor de los fiascos asociados al desarrollo urbanístico fue el intento de vender el solar del viejo Mestalla a la cooperativa de vivienda ADU Mediterráneo para invertir ese dinero en la culminación del campo nuevo.

Aficionados del Valencia, en una propuesta contra Lim en el viejo Mestalla. EP

La situación deportiva tampoco mejora su imagen de incumplidor de la palabra dada. Cada temporada incurre en promesas incumplidas de inversión en jugadores, y la desinversión ha sumido al Valencia CF en una fulgurante decadencia.

En las dos últimas campañas solo ha permitido al club gastar por debajo de sus menguantes ingresos. El equipo se ha empequeñecido hasta el punto de jugarse el descenso a segunda división en la campaña 22/23 y limitar su objetivo de la 23/24 a la permanencia en primera.

La política de nula inversión de Peter Lim ha llegado a extremos como plagar la plantilla del primer equipo de jugadores de la cantera, negarle al entrenador un fichaje de menos de 300.000 euros, o cancelar, por primera vez en décadas, la pretemporada en el extranjero.

Por todos estos motivos existe un gran temor a que el objetivo real de Peter Lim no sea acabar por fin el Nou Mestalla, sino la mera firma de un nuevo acuerdo con la ciudad que le permita mantener los jugosos beneficios urbanísticos que se le concedió al club hace una década en el solar del viejo Mestalla.

Se trata, en concreto, la posibilidad de construir muchas más viviendas de lo habitual en la Avenida de Aragón y de crear una amplia zona comercial, incluso en los semisótanos de los edificios que se construyan en el futuro en el solar. Tal posibilidad eleva sobremanera el valor de este suelo y supone un importante beneficio económico para la sociedad deportiva.

Bronca municipal

Con esta patata caliente sobre la mesa, PP y Vox, las dos formaciones que integran el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, anunciaron el pasado jueves que están buscando "un punto de acuerdo" para que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, "no recupere beneficios urbanísticos" vinculados a la reconversión del suelo del actual estadio de Mestalla y a la construcción del nuevo cuando el 3 de agosto caduque la suspensión de licencias decretada y pueda actuar "según el planeamiento vigente y sin limitaciones".

María José Catalá y el segundo teniente de alcalde de la ciudad y portavoz de Vox en el consistorio, Juanma Badenas, mantuvieron este miércoles una reunión, en la que también participó "un dirigente nacional de Vox". Todo con el fin de abordar distintos temas y entre ellos el referido al viejo y al nuevo Mestalla. Catalá señaló sobre esta cita que trabajará con los servicios jurídicos para "ver qué solución nos ajusta a todos".

Badenas, que se pronunció sobre este encuentro mediante un comunicado, abogó por "empezar a trabajar las medidas jurídicas pertinentes para evitar que el levantamiento de la suspensión de las licencias permita a Lim obtener los beneficios dimanantes de las fichas del pelotazo". "Exigiremos el cumplimiento íntegro de lo dispuesto en los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y el Valencia CF", dijo.

La exhibición de firmeza de ambos dirigentes del Gobierno municipal se produjo tras el inmenso revuelo que generó previamente el pleno ordinario de mayo del Ayuntamiento de Valencia. En el mismo no se llegó a un acuerdo sobre las fichas urbanísticas que afectan a estas actuaciones, con condiciones planteadas a Lim para actuar en el espacio de ambos estadios.

El Ejecutivo municipal rechazó una moción del PSPV-PSOE que solo fue respaldada por Compromís -tras una enmienda a la misma-. La misma pedía aprobar en la sesión plenaria de junio las fichas urbanísticas vinculadas al Nou Mestalla y que estas incluyeran, a falta de la firma de un nuevo convenio con el Valencia CF, las condiciones que ha de cumplir el nuevo estadio, así como que se elabore una auditoría del coste del futuro campo.

Pleno del Ayuntamiento de Valencia. EE

El texto que rechazó el Gobierno local proponía que el club de fútbol depositara "una fianza por el valor total de las obras de construcción del nuevo estadio" para "poder obtener la licencia de edificación" de ese campo.

No obstante, la iniciativa socialista se modificó durante el pleno tras unos informes jurídicos encargados por la Alcaldía -a la secretaría general del Ayuntamiento y del pleno y a la de Urbanismo-, precisamente para conocer la legalidad de solicitar una fianza para la concesión de una licencia.

El informe de Urbanismo consideró que reclamar esa fianza desde el consistorio era "contrario a derecho". Ante tal circunstancia, se eliminó del texto la solicitud de fianza, pero sí se incorporó la exigencia de una auditoría. PP y Vox votaron en contra y sufrieron una importante contestación social.

Por ello reaccionaron al día siguiente. María José Catalá indicó que la reunión celebrada con los representantes de Vox se produjo a instancia suya, como primera edil. "Hablamos varios temas. Uno de los que abordamos fue cómo encontrar una solución al tema del Valencia antes del 3 de agosto", dijo.

La responsable municipal destacó que ya dijo "que el Ayuntamiento iba a dar un paso adelante antes del 3 de agosto" para "no permitir que la caída de la suspensión de licencias generara beneficios urbanísticos sobre el propietario del club". Subrayó que está "trazando la hoja de ruta" que ella se marcó.

"Un paso adelante"

"Abordamos distintos temas, entre otros, la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo y una solución antes del 3 de agosto a esta situación para que Lim no recupere beneficios urbanísticos", insistió.

Catalá argumentó que el en pleno del martes "no se llegó a un acuerdo porque el PSOE plantea algo manifiestamente ilegal", "contrario a derecho", todo según "la Abogacía del Ayuntamiento". A continuación, aseguró que "los responsables del equipo de gobierno" van "ahora" a "dar un paso adelante" y a "buscar una solución". "Vamos a trabajar con los jurídicos a ver qué solución nos ajusta a todos", dijo.

Preguntada por si esa propuesta se extenderá a la oposición para conseguir un acuerdo unánime de la corporación local, la alcaldesa dijo que "por supuesto", que "se llevaría a un pleno". A su vez, insistió en que antes del 3 de agosto quedan en el consistorio dos sesiones plenarias ordinarias: la de junio u la de julio. "Tengo margen. Llego", auguró.

Asimismo, preguntada por si tendrían que salir adelante las fichas urbanísticas, la primera edil señaló que "no necesariamente". "Vamos a ver el marco que nos han fijado los jurídicos y en ese marco qué es lo que se nos plantea y lo que nos ajusta más a todos", resaltó.

"A mí, fichas sí, fichas no; convenio sí, convenio no, me da igual. Yo lo que quiero es que el propietario del Valencia cumpla con la ciudad y que no recupere beneficios urbanísticos el 3 de agosto. No quiero nada más. Y voy a emplear cualquier tipo de vía que me lleve a ese lugar", precisó Catalá.

Preguntada por si la venta del terciario anexo al Nou Mestalla anunciada este miércoles por el Valencia CF a Atitlan cambia alguna cosa o la condiciona, la responsable municipal manifestó que no. Afirmó que "eso es un tema entre privados, un acuerdo entre privados".