La ley de Concordia de PP y Vox está un paso más cerca de ser aprobada por las Cortes Valencianas. Este miércoles el pleno debatió las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda, enmiendas que serán rechazadas este jueves gracias a la mayoría parlamentaria del bloque de la derecha.

El texto legal que derogará la ley de memoria democrática aprobado por el Consell de Ximo Puig será enviado a la comisión, para que se debatan las enmiendas parciales y luego volverá al pleno para su aprobación definitiva.

Durante este primer debate, sin embargo, los diputados de ambos bloques protagonizaron un duro enfrentamiento. La derecha acusó al PSPV-PSOE y a Compromís de instrumentalizar el "dolor" e "imponer una opinión a través de un criterio sesgado" y desde la izquierda denunciaron que el objetivo de PP y Vox es "blanquear el franquismo".

En este contexto de declaraciones y acusaciones cruzadas, la diputada del grupo socialista Mercedes Caballero, en su último turno de palabras afirmó: "dan ganas de enviarlos a la mierda, pero mejor les enviaremos a las bibliotecas a ver si se enteran de lo que pasó en este país hace algunos años".

En este sentido, aseguró que los planteamientos esgrimidos por los populares y los de Abascal "dan miedo" y consideró que "la democracia no lo aguanta todo", por lo que se opuso a lo que denominó "contrarreforma que utiliza a las víctimas del terrorismo equiparándolas a las de la dictadura franquista". 

Por su parte, la diputada del PP Marisa Gallo acusó a la izquierda de utilizar a Franco para sus intereses. "Si Franco no hubiera existido, lo hubieran inventado", aseguró y añadió: "son capaces de revivir al dictador cuando no le acompañan los datos o les acorrala la corrupción".

Desde Vox, el portavoz del grupo, José María Llanos, afirmó que "la Ley de Memoria Democrática es un sinsentido, un vacío y una obviedad". "Nosotros no somos los malos malísimos, somos las víctimas de la mentira y de la manipulación, de la verdad y de la historia que llevan haciendo durante más de cuarenta años en España y en Europa", afirmó.

Durante el debate de la enmienda de Compromís, la portavoz adjunta Isaura Navarro señaló que la ley de concordia supone "una nueva venganza de los hijos de los vencedores de la guerra y protectores de la esencia de la dictadura". 

Qué dice la nueva ley

El principal cambio de la propuesta de Ley de Concordia Democrática de PP y Vox es que reconoce a "todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931", es decir, desde antes de la Guerra Civil española.

La proposición afirma que en casi cien años, "España ha vivido profundas crisis, pero sobre todo una convulsa Segunda República, una Guerra Civil, una dictadura y el azote del terrorismo etarra e islámico". Ante ello, los partidos firmantes apuesta por "una actitud generosa en pro de la reconciliación".

La futura ley de Concordia reconoce el derecho a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas.

Este texto fue cuestionado por tres relatores de la ONU, que pidieron que se adopten "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica.

El informe advierte de que las iniciativas de los gobiernos regionales de PP y Vox "pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Asimismo, también denuncia que podrían "invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista". El informe, sin embargo, es una "comunicación" que contiene "opiniones y recomendaciones", sin carácter vinculante.