La autodenominada Fundación de la Comunitat Valenciana para la Defensa de los Hombres Maltratados (FundaHom) prevé ingresar un total de 37.600 euros en concepto de ayudas públicas. Esta cifra supone el 74% del total de los ingresos de la entidad.

Así lo denunció este martes el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, quien exigió al Gobierno valenciano que aclare "por qué esta gente tiene previsto recibir de las arcas públicas valencianas la inmensa mayoría de su presupuesto".

Según se desprende del expediente de inscripción en el registro de fundaciones al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la fundación espera percibir un total de 50.865 euros.

De ellos, 37.600 provendrían de subvenciones, 2.400 de ventas y prestaciones de servicios y 10.000 de la aportación inicial del fundador.

En cuanto a recursos humanos, el plan de actuación para 2024 establece la contratación de dos personas asalariadas y de otras dos con contrato de servicios (abogada y psicóloga). Además, la fundación cifra en 600 el número de beneficiarios.

FundaHom, cuyo objetivo es la "protección del colectivo de hombres víctimas de malos tratos en las relaciones con sus parejas o exparejas, mujeres", se constituyó como asociación en octubre de 2022, cuando fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, dependiente del Ministerio del Interior.

Como fundación, lo hizo en abril de este año, unos meses después de que la consellera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, se reuniera con los representantes.

Discrepancias entre PP y Vox

Ante la polémica suscitada por los fines de la asociación, entre los que se encuentra la defensa de los hombres ante "las denuncias falsas" por violencia de género, desde el Gobierno valenciano explicaron que en el registro se inscriben todas aquellas entidades que "cumplen los requisitos".

En este sentido, la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero (PP), se comprometió a no otorgar ni euro de dinero público a esta fundación. Sin embargo, desde el departamento de Núñez se desmarcaron de esta decisión y no descartaron concederles subvenciones.

Fuentes de dicha área defendieron que "todas las asociaciones y fundaciones debidamente registradas pueden optar a subvenciones públicas mediante su participación voluntaria y libre en los procedimientos reglados al efecto".

En este sentido, señalaron que "las bases de todo procedimiento público deben regirse por lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Española, esto es, siguiendo los principios rectores de la Administración Pública con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

"De este modo, toda actuación de la Administración debe ser acorde con el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social", añadieron al respecto.

Con este argumento, subrayaron que "afirmar que las ayudas públicas sean únicamente destinadas a un determinado grupo social, apriorísticamente y sin aplicar la legislación vigente, contraviene nuestro Estado de Derecho".

Por ello, concluyeron con que "todo caso deberá ser examinado por la Administración de forma individualizada, imparcial y objetiva dentro de cada convocatoria y bases concretas".

El área de Camarero cuenta con las competencias en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género, mientras que la Conselleria de Núñez ejerce las de atención a las víctimas de cualquier delito, también las de violencia de género. 

La Fundación

Desde la Fundación defienden que la violencia de género, "tal y como se considera en España, es un invento ideológico". En este sentido, defienden que el número de agresiones "es igual en ambos sexos".

La Fundación, según consta en su página web, pretende defender a "los hombres maltratados" y a aquellos que "son maltratados a través de una denuncia falsa por violencia de género".

Además, ofrece servicios de asistencia jurídica y psicológica y realiza estudios sociológicos, psicológicos y jurídicos sobre la situación de los hombres maltratados en sus relaciones de pareja.

Asimismo, entre sus actividades está la de comunicar "la problemática que puede afectar al colectivo, a fin de concienciar de su existencia" y la de "promover la formación de nuevas masculinidades con voz crítica respecto a la desigualdad que sufren los hombres y, al mismo tiempo, alejadas del modelo machista".

Los datos que maneja la entidad contrastan con los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, que revelan que la violencia no se distribuye de manera proporcional entre mujeres y hombres.

De los 750 homicidios en el ámbito de la pareja o expareja que se produjeron en España entre 2009 y 2020, en 80 casos la víctima era un hombre y en 670, mujer.

Teniendo en cuenta solo los casos ocurridos en 2022, el CGPJ cifra en 2 los hombres asesinados por su mujer o exmujer, frente a las 49 mujeres víctimas de violencia de género.

Denuncia de Compromís

El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Joan Baldoví, instó a Camero a explicar "por qué esta gente tiene previsto recibir de las arcas públicas valencianas la inmensa mayoría de su presupuesto".

En este sentido, consideró "muy grave" que uno de los servicios que ofrece esta entidad en su web es la defensa de los hombres por presuntas denuncias falsas porque "pone en el mismo saco a maltratadores y a víctimas". 

Desde la coalición valencianistas denunciaron que los estatutos y los objetivos inscritos favorablemente por parte del Gobierno valenciano para considerar esta entidad como fundación de interés general "no se corresponden con los objetivos y servicios que ofrece la misma en su página web".

"El Gobierno de Mazón tendrá que rendir cuentas y explicar si tiene previsto financiar a una entidad que pretende amparar a los maltratadores", afirmó Baldoví.