La Sala consideró que "existen indicios suficientes para encausarlas" y deja al juez instructor, Vicente Ríos, sin margen de maniobra. Pese a que consideró en un extenso auto que los indicios por los que se justificó la apertura de diligencias se habían desvanecido en la fase de instrucción, ahora deberá de iniciar el proceso para juzgar a Oltra por "imperativo legal", segunda admitieron fuentes judiciales consultadas por EL ESPAÑOL.

"Tras examinar el resultado de la instrucción practicada, que se expone de forma pormenorizada en la resolución impugnada, la Sala estima, discrepando del criterio del instructor, que no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal", recoge la resolución.

Siendo posible identificar, señaló el tribunal, "en relación a determinadas actuaciones, una suficiencia indiciaria que justifica la continuación del procedimiento".

Para la Sala, dichos indicios justifican que, una vez que se practiquen las diligencias que se estimen necesarias, "la acomodación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado y posterior apertura, en su caso, de juicio oral".

Así, la Sala de la Sección Cuarta ha estimado parcialmente los recursos interpuestos por la acusación particular, que ejerce la víctima de los abusos a través del líder de España 2000 José Luis Roberto, y de dos acusaciones populares, ejercidas por VOX y la agitadora ultra Cristina Seguí.

El magistrado que preside esta sección es Pedro Castellano, un veterano jurista valenciano vinculado al sector conservador. 

Recientemente, fue el presidente del tribunal que juzgó al expresidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana por supuesta corrupción. Además, fue el magistrado que apoyó el archivo de la causa abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales contra medio centenar de cargos del PP de Rita Barberá.

Pedro Castellano en una imagen de archivo.

Estas son las 4 claves en las que se ha apoyado la Sala para reabrir el caso y dejar a Oltra a un paso del banquillo.

"Hipótesis plausible"

Según se recoge en el auto de apelación, es posible sostener como una "hipótesis plausible" el hecho de que las personas bajo cuya tutela y protección se encontraba "habrían pretendido ocultar el abuso sexual".

Para ello, "se habrían valido de un informe ficticio, pues se emite un pronunciamiento de inexistencia de indicios de abuso sexual cuando ni siquiera se preguntó a la menor sobre los abusos que se conocía que había relatado a terceras personas", precisan los magistrados.

De esta manera, a juicio del este Tribunal, se habría omitido "tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al Ministerio Fiscal, evitando así que pudiera ejercer el control previsto en el artículo 209" del Código Civil.

En estas diligencias previas figuraban como investigados, hasta que se sobreseyeron provisionalmente, la propia exvicepresidenta del Consell y técnicos y altos cargos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, así como trabajadores del centro concertado donde la entonces menor se hallaba acogida cuando sufrió los abusos sexuales, entre 2016 y 2017.

Desprotección

"Resulta indiciariamente de la instrucción que no se denunciaron unos hechos graves ni se protegió a la menor tutelada por parte de quien tenía la obligación de hacerlo, colocándola por el contrario en una situación de riesgo, pues el educador que había cometido los abusos fue reincorporado a su puesto de trabajo en el centro de acogida", recoge la resolución judicial.

La Audiencia recuerda, asimismo, que no fue hasta tres meses después, cuando la chica relató lo ocurrido a unos policías que estaban en el centro de forma circunstancial por otros motivos cuando éstos dieron cuenta a la Fiscalía, que sí apreció indicios de la comisión de los abusos sexuales e interpuso la correspondiente denuncia.

Para la Sección Cuarta, "en este momento procesal no puede descartarse, de una manera clara, la comisión de infracción penal derivada del incumplimiento del deber de denunciar y de proteger a la menor tutelada por la Generalitat con la finalidad de ocultar la existencia de unos abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida".

Expediente informativo

Del mismo modo, el Tribunal cree que tampoco puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la conselleria de abrir un expediente informativo, una vez que el asunto ya estaba judicializado, "con la finalidad de determinar la veracidad de las acusaciones efectuadas por la menor".

Un expediente que "parece dirigido a determinar la falta de credibilidad del testimonio de la menor, a la que se hace pasar, de manera indiciariamente ilegal, por una entrevista y una prueba pericial, cuando el asunto estaba ya judicializado".

Una maniobra que desenvocó "con la victimización secundaria que ello supone y con la finalidad indiciaria de desacreditar su testimonio o influir en su ánimo acusador", puntualizan los tres magistrados.

Por todo ello, la Sala considera que tampoco "puede descartarse en este momento procesal la comisión de infracción penal, como consecuencia de haberse dictado, de manera arbitraria e injustificada, una resolución con la finalidad de iniciar el referido expediente informativo, utilizando recursos públicos, con fines particulares".

Oltra en un acto reciente. EFE

Juicio

De acuerdo con el auto notificado este jueves, contra el que no cabe recurso, ha de ser el acto del juicio oral "donde se dilucide, con la mayor amplitud que proporcionan los principios procesales que rigen la prueba en el juicio, las cuestiones relativas a las concretas circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos y el juicio de tipicidad que los mismos merecen".

Igualmente, señala que ha de ser en la vista, tras la práctica de la prueba, donde se ha de determinar qué persona ordenó la formación del expediente y quién decidió tomarle declaración a la menor y someterla a un nuevo examen psicológico, así como las circunstancias en que ello se produjo.