Pérez, al que diversas fuentes vinculan al PSOE de la ciudad valenciana de Xàtiva, trabaja desde hace unos meses como alto ejecutivo de la empresa MagmaCultura SL. En concreto, según figura en la página web de la empresa, es el director de Operaciones y Recursos Humanos de la compañía.

Esta empresa es la responsable del servicio de atención integral al visitante y de asistente de producción de eventos culturales, educativos y actividades del IVAM.

Pérez firmó el contrato como gerente del prestigioso museo valenciano. Y en el documento, quien aparece como representante de la compañía que ganó la adjudicación, es el actual presidente y jefe de Pérez, según consta en el expediente consultado por EL ESPAÑOL.

El contrato se formalizó en abril de 2022 por un importe de 1.167.037,88 euros IVA excluido (1.412.115,83 euros IVA incluido). El plazo de ejecución es de dos años, con posibilidad de dos prórrogas anuales desde una semana después de la firma del contrato, con fecha de inicio 16 de mayo de 2022.

Los pagos quedaron ajustados de la siguiente forma: 470.705,28 euros IVA incluido 2022 (mayo a diciembre); 706.057,92 euros IVA incluido en 2023 (enero a diciembre); y 235.352,64 euros IVA incluido en 2024 (enero a abril), siempre condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente, según aparece en el contrato.

Pese a esta circunstancia, Pérez ha obtenido la compatibilidad para incorporarse a la empresa porque, aunque figura en la firma como máximo responsable, no formó parte de la mesa de contratación.

Primera página del contrato firmado por el IVAM con esta empresa.

Pérez fue nombrado gerente a propuesta de la Presidencia del Consejo Rector del museo que en ese momento desempeñaba el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, elegido eurodiputado por Compromís tras las elecciones europeas celebradas el 9 de junio.

La convocatoria del proceso de selección determinaba que el nuevo gerente se vincularía a la entidad cultural por un contrato de alta dirección, con un régimen de dedicación exclusiva y unas retribuciones equivalentes a las previstas en las correspondientes leyes de presupuestos de la Generalitat para cada ejercicio.

Puertas giratorias

La Ley 8/2016 de la Generalitat, de incompatibilidades y conflictos de intereses de personas con cargos públicos no electos, fija las condiciones para el nombramiento y posterior retorno al sector privado de los altos cargos de la Administración valenciana.

La norma, aprobada durante la primera legislatura de Puig para evitar las conocidas como puertas giratorias, atribuye a la dirección de la Oficina de Control de Conflictos de Intereses de la Generalitat Valenciana las funciones de control.

La oficina realiza la labor inspectora cuando tiene conocimiento de cualquier indicio de irregularidad en materia de incompatibilidades o conflictos de intereses por denuncia, petición razonada de otros órganos o entidades o a iniciativa propia. También informa al resto de órganos que tengan atribuidas funciones de inspección y, en caso de situaciones de aparente ilícito penal, da aviso a Fiscalía inmediatamente.

En principio, los altos cargos deben de comunicar a esta entidad si fichan por una empresa con la que han mantenido relación como alto cargo de la Generalitat durante los dos años posteriores a su cese.

En caso de discordancia, es el motor para activar el desarrollo de las acciones previstas en la ley, que van desde el requerimiento hasta la proposición de apertura de expedientes sancionadores.

En este caso, Pérez fue cesado por Puig en julio de 2023, solos unos días antes de que Carlos Mazón se convirtiera en el nuevo presidente en virtud del acuerdo al que llegaron PP y Vox.

Según figura en su LinkedIn, Pérez se incorporó como directivo en MagmaCultura SL unos meses después, en enero de 2024, por lo que todavía no habría pasado el plazo establecido de dos años.

Según su perfil, se encarga "de implementar procesos internos y asegurar el logro -bajo la dirección del director general- de los objetivos estratégicos de negocio para una empresa líder en servicios culturales de más 1.500 empleados".

Preguntado por este periódico, el exgerente del IVAM confirmó que cuenta con la autorización de la Generalitat Valenciana para fichar por esta empresa, aunque figure como contratista del museo durante su etapa.

"He pedido la compatibilidad a la Oficina de Conflictos de Interés en cada una de las actividades profesionales que he tenido después de acabar mi periodo como gerente del IVAM", manifestó.

Sergi Pérez, segundo por la derecha, en un acto del museo. IVAM

En este sentido, explicó que ha aceptado "los distintos trabajos siempre con la compatibilidad concedida por la propia Generalitat". 

⁠"En cualquier contrato en que se haya podido adjudicar la empresa, yo he sido el órgano de contratación. No participo de la mesa de contratación, ni conozco de las ofertas, ni las evalúo. Hago mía la propuesta de la mesa de contratación, donde está, incluso, la Abogacía de la Generalitat", destacó.

Por tanto, "la situación no cuadra con una definición de conflicto de interés, y se corresponde, más bien, con mi derecho de reincorporación al mercado laboral", concluyó en declaraciones a este periódico.

Informe de Antifraude

Sergi Pérez es experto en políticas de gobernabilidad y ha ejercido de consultor del Banco Mundial, según consta en su actividad profesional. Es licenciado en Derecho, tiene dos másteres y ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria.

Pérez llegó al IVAM en 2019 tras unos años como gerente del Consorcio de Residuos V5 (COR), que gestiona la basura de las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida, la Safor y el Valle de Ayora.

Su nombramiento como gerente del IVAM fue cuestionado por la Agencia Valenciana Antifraude. Esta entidad independiente recogió el informe jurídico de la Abogacía General de la Generalitat que confirmó que la administración cometió "irregularidades" en lo relativo a la admisión de dos candidatos fuera del plazo inicialmente establecido.

Antifraude consideró que esta modificación debió ser publicada mediante una corrección de errores. Además, indicó que no se justificaban suficientemente los motivos que condujeron al nombramiento de Pérez.

No obstante, concluyó que esta decisión, aunque "cuestionable", "no otorgó trato desigual a ninguno de los candidatos". 

Antifraude recomendó que se tramitara el expediente para convalidar las actuaciones realizadas en el procedimiento, de manera que tenía que pasar por el pleno del Consell al ser el órgano competente para la convalidación del acto. Pero nunca se dio este paso, según confirmó en su memoria el organismo que en ese momento dirigía el abogado valenciano Joan Llinares.