El Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia juzgó este jueves al consultor inmobiliario Mario Olivares, acusado de un supuesto delito continuado de quebrantamiento de la orden de alejamiento de su exmujer que dictó un Juzgado de Violencia sobre la Mujer a finales del año 2021.

Es la segunda vez en un mes que el conocido empresario valenciano ha sido juzgado por delitos relacionados con la violencia de género. El primer juicio se celebró el pasado 6 de junio por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones y amenazas leves. Finalmente, Olivares fue condenado por tres delitos de violencia de género hacia su exmujer, pero resultó absuelto del delito de lesiones.

En esta ocasión, el empresario valenciano fue juzgado por romper la medida cautelar impuesta por el juzgado y la Fiscalía solicitó una pena de 12 meses de prisión por estos hechos. Mientras, la acusación particular, que representa a su expareja, elevó la petición hasta los 21 meses al considerar que quebrantó tanto la prohibición de acercarse a su expareja, como la orden de no comunicarse con ella -12 y 9 meses respectivamente-.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer dictó la orden de alejamiento a finales del mes de diciembre de 2021 después de que su exmujer presentara una denuncia por supuestos malos tratos.

Unas semanas después, el 16 de enero de 2022, Olivares admitió que se personó en la calle donde se encuentra el domicilio de su anterior cónyuge pese a que no podía acerarse a menos de 300 metros. 

"Recibí la llamada de mi hija. Me dijo que estaba desmayada en el suelo, que lo veía todo negro, y que su madre se negaba a llevarla al hospital. Llorando me imploró que la llevara al hospital", declaró a preguntas de la Fiscalía.

Según su versión, corroborada por un testigo, la menor tenía covid: "No podía mantenerse en pie y me pidió que la llevara y recogiera y se vino conmigo a casa una semana". 

Olivares aseguró no recordar si llegó a bajar del coche o tocar el timbre de la vivienda, pero reconoció que había sido notificado de la orden de alejamiento. "No recuerdo las fechas, en ningún momento soy consciente de haber quebrantado esa orden", puntualizó.

No obstante, las acusaciones leyeron la transcripción de un audio que Olivares envió al correo electrónico de su mujer en el que reconocía que iba a ir a la vivienda para llevarse a la niña porque "me paso la orden de alejamiento por el culo".

Ampliación de la orden

Tras este incidente, el 17 de enero, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer amplió la orden de alejamiento estableciendo, además, la prohibición de comunicarse con su exmujer por cualquier medio.

Pero las comunicaciones no cesaron y, hasta mediados del mes de febrero, siguió enviando correos a su mujer con fotos de sus enseres. Olivares justificó estos envíos y manifestó que enviaba las imágenes con objetos porque su exmujer se lo pedía. "Me insistía, no sé si era una provocación", dijo.

La víctima también declaró en el juicio en calidad de testigo, resguardada por un biombo que le impedía el contacto visual con el empresario. Según su versión, su hija le había trasladado que se encontraba mal, pero no consideró que se trataba de una situación de extrema gravedad y pensó en llevarla al médico al día siguiente.

"Cuando regresaron del hospital llamaron al timbre y lo tenía en el rellano. Le dije que se fuera, le insistí. Llame a otra persona y él se fue", denunció. Un testigo, trabajador de la comunidad, ratificó en el juicio la versión.

También declaró como testigo el agente de la Policía que entregó en Comisaría a Olivares las medidas cautelares. "Se le entregó copia del auto y me firmó la notificación".

La defensa de Olivares recordó que ese auto fue posteriormente anulado por la Audiencia de Valencia sin que cambiaran las circunstancias del caso, por lo que consideró que no se tendría que haber dictado la medida.

Sobre el fondo del asunto, la defensa pidió tener en consideración "la forma y términos en los que se produce el acercamiento del padre al domicilio de la madre".

"Creemos que ninguna otra persona podría plantarse no actuar de esa misma forma. La madre sí era consciente de que tenía covid y estaba mareada, y pese a eso, no la lleva al hospital y no le presta asistencia. ¿Qué hará el otro progenitor? Acudir sin más incidencias y llevársela", defendió.

Auto en vigor

En cambio, la Fiscalía recordó que el auto estaba en vigor en el momento de los hechos y acusó a Olivares de infringir "voluntariamente la prohibición establecida".

"Se nos quiere alegar por la defensa que, con el parte médico y la declaración de la menor, lo hizo por una situación de urgencia y necesidad". Pero "no está justificado para nada aunque fuera al hospital", apuntó la fiscal.

"No es una situación de extrema de urgencia para quebrantar la orden. El mismo parte dice que le duele la cabeza, se marea y nada más. No era una situación tan extrema para incumplir la orden de alejamiento. Lo hizo voluntariamente, es abogado, una persona instruida y que tiene varios máster, conocía perfectamente la orden de alejamiento", concluyó.

Por otra parte, la acusación que representa a su exmujer explicó en su informe final que Olivares "impuso su voluntad, independientemente de la orden adoptada por el juzgado".

"Se pasa la orden 'por el culo', ese es el paradigma de Olivares. No hay estado de necesidad, cualquier persona tiene otras alternativas. Podía haber llamado a la Policía si consideraba que estaba tan grave. Las menores estaban perfectamente atendidas".

Olivares aprovechó el derecho a la última palabra para pedir disculpas por sus comentarios en los audios y los mensajes que envió. Además, matizó que no es abogado, sino "licenciado en derecho".

Olivares es un empresario respetado en Valencia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por ICADE.

Es el fundador del destacado grupo Olivares Consultores, una empresa que se ha situado en pocos años entre las principales firmas inmobiliarias de la ciudad y su área metropolitana, con una presencia importantísima en los mercados tanto comercial como residencial y logístico.