El Gobierno de España abordará este miércoles con las Comunidades Autónomas el reparto de menores migrantes no acompañados. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se celebra en Santa Cruz de Tenerife.
Al respecto, el Gobierno valenciano acogerá a los 23 menores no acompañados pactados en el cupo del año 2022 "si el Ejecutivo ofrece a la Comunitat Valenciana recursos económicos y la financiación necesaria".
Así lo ha hecho saber la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, en una rueda de prensa para informar sobre la posición de la Generalitat Valenciana en la Conferencia Sectorial.
Canarias, Ceuta y Melilla están sobresaturadas. El número de menores que acogen supera sus capacidades para garantizar los derechos que asisten a los migrantes.
En esta línea, la titular de Servicios Sociales ha iniciado su intervención mostrando "solidaridad" con las regiones mencionadas, pero especialmente con Canarias, "una comunidad desbordada por la crisis migratoria que está padeciendo desde hace muchos meses".
"Nuestra región acoge muchos menores no acompañados: los que llegan en pateras, los que llegan en cupos de mayores y los que llegan desde otras autonomías", ha expuesto.
La vicepresidenta ha acusado al Ejecutivo central de tratar a los menores como "mercancía". "La dignidad de los menores que ya están en nuestros centros es igual para nosotros que la de los que se encuentran en Canarias. Lo que me importa es que los menores que están en la Comunitat tengan la dignidad y el cuidado que merecen", ha aseverado.
Seguidamente, ha criticado que el debate "debería estar alejado del foco mediático, ya que una cuestión de tanto calado como este requiere de rigor y seriedad".
"Nos ha sorprendido que los ministros del Gobierno de España se hayan dedicado a enredar con filtraciones permanentes. Es una falta de respeto lo que hemos vivido las Comunidades Autónomas", ha lamentado al no haber conocido a través de una convocatoria especial la fecha ni el lugar de la conferencia, e incluso el orden del día, y sí lo haya hecho por los medios de comunicación.
"Sobre todo es una falta de respeto que se nos haya presionado, amenazado e incluso tildado de insolidarias, especialmente, a las comunidades gobernadas por el Partido Popular", ha insistido.
Reforma de Ley
El principal objetivo del Gobierno es llevar al Congreso este mes la reforma de la Ley de Extranjería, en concreto de su artículo 35, para distribuir a los menas entre todas las autonomías "de manera obligatoria" y aliviar la actual situación de "emergencia".
Tanto Camarero como el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han denunciado este miércoles que la reforma de la norma se les facilitara el martes a las 18.00 horas cuando, según han coincidido, "hay autonomías que no son las del PP que hoy acuden a la conferencia con el texto bien sabido y teniéndolo con extraordinaria antelación".
La vicepresidenta segunda ha reiterado: "Las comunidades escucharemos y atenderemos las propuestas del Ejecutivo, pero nos sorprende que esta propuesta no venga acompañada de una memoria económica".
¿Qué compete al Gobierno central?
Según viene recogido en la Ley de Extranjería, "corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales".
Además, en el supuesto de que se llegue a un nuevo acuerdo, "el Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia".
¿Y qué compete a las CCAA?
La Ley de Extranjería establece en su artículo 35 que la responsabilidad de atender a los menores es de la comunidad autónoma a la que llegan. Esto es algo que no sucede con los adultos.
Asimismo, establece que "las comunidades autónomas podrán llegar a acuerdos con otras donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración".
El Gobierno quiere cambiar este sistema. Pretende que no dependa de "acuerdos" con otras comunidades autónomas y que el reparto se haga de manera obligatoria, para que haya un sistema que sea "permanente" y no al albur de la situación de cada momento.
En palabras de la consellera, "esta reforma supone una invasión en las competencias de las CC.AA. y la Comunitat Valenciana no dejará que el Gobierno de España decida sobre el conjunto de las cuestiones relativas a la infancia".
"No es la hora de respuesta de las comunidades autónomas sino la hora en la que el Gobierno responda a la situación de crisis migratoria existente", ha añadido.
"Colapsados"
Por su parte, el jefe del Consell ha pedido desde Madrid tener más recursos para poder atender a los menores migrantes en su comunidad, dado que ya están "colapsados todos los centros". "Tenemos 317 plazas de menores y ahora mismo hay 481 menores", ha resaltado.
La responsable autonómica ha explicado que la obligación de su conselleria es "cuidar a los menores hasta que tengan 18 años". "¿Qué plan de emancipación tiene el Ejecutivo central?", se ha planteado.
"La financiación que aporta el Estado es insuficiente para cubrir el coste real de los menores en la Comunitat Valenciana", ha señalado Camarero al concretar que a esta autonomía le cuesta de media 200 euros al día atender a uno de los acogidos, mientras que el cálculo de la administración central sale a 170 euros.
"No quiero un euro más, pero tampoco uno menos", ha manifestado la titular de Servicios Sociales. Así, ha reiterado que los centros de acogida están en situación de saturación, con "un nivel de ocupación del 170 por ciento que supera la barrera del 150% que el Gobierno considera como nivel máximo".
Se ha referido a una "sobrepoblación", en la que la Generalitat Valenciana ya ha invertido 3,7 millones de euros, "y aún desembolsará siete más cuando finalice el año".
Por último, al ser preguntada por si algún municipio se ha ofrecido a prestar su ayuda y acoger algún menor, la consellera ha expresado "sorpresa" y lo ha negado: "Los gobiernos del PSOE como Mislata, Gandía, Paterna o Sagunto no han dado respuesta".
Pacto con Vox
Acerca de si cree que Vox puede salirse del Gobierno y cumplir su amenaza de romper los pactos autonómicos con el PP si no se evita el reparto de menores migrantes, Mazón ha asegurado que no cree que eso suceda en su autonomía.
"Estoy bastante tranquilo con la estabilidad del Gobierno de la Comunitat Valenciana y cualquier otra cosa para mí sería una sorpresa. Y para los ciudadanos que están viendo cómo estamos avanzando también sería una sorpresa y, probablemente, una decepción", ha afirmado.