Hallan indicios de corrupción en las subvenciones de la Generalitat que recibió el hermano de Ximo Puig

La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios de corrupción en las subvenciones de la Generalitat Valenciana a empresas vinculadas al hermano del expresidente Ximo Puig, Francis Puig, para el fomento del valenciano en medios de comunicación y ha solicitado al juzgado de Instrucción 4 de Valencia que siga adelante con el procedimiento para presentar escrito de calificación y valorar la apertura de juicio oral.

En su escrito, al que ha tenido acceso el ESPAÑOL, Anticorrupción considera a Francis Puig y a uno de sus socios, Juan Enrique Adell Bover, supuestos autores de los delitos de falsedad en documento mercantil, en concurso con un delito de estafa agravada o, de forma subsidiaria, de apropiación indebida. No obstante, descarta inicialmente el delito de fraude en subvenciones porque las cantidades percibidas indebidamente no llegan al mínimo de 120.000 euros por cada ejercicio, tal y como exige la legislación.

A su vez, señala la fiscal, ambos empresarios del sector de la comunicación en Castellón podrían ser considerados autores por cooperación necesaria de los delitos del otro, según consta en el escrito, por la facturación cruzada entre las empresas investigadas.

En total, la cantidad supuestamente defraudada asciende a más de 100.000 euros, un dinero que corresponde a las ayudas recibidas de la Generalitat Valenciana y de Cataluña para fomentar el valenciano. La Fiscalía también propone que se ofrezcan acciones civiles a ambas administraciones para reclamar el dinero, en caso de que finalmente se autorice la apertura de juicio oral.

Según Anticorrupción, "de la investigación llevada a cabo, especialmente de los informes de Policía Judicial relativos a la facturación presentada por Comunicación dels Ports -sociedad vinculada al hermano de Puig- para acreditar las Cuentas Justificativas, se deduce que se ha incorporado facturación de empresas vinculadas, facturas duplicadas y cruzadas, que podrían ser constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil".

El segundo empresario acusado, a portó facturación taportó "facturación de sus sociedades a las subvenciones obtenidas" por Francis Puig.

Por otra parte, la Fiscalía considera que la sociedad Mas Mut SL, utilizada para cobrar subvenciones al fomento del valenciano en los medios de comunicación, podría ser "considerada una empresa ficticia o instrumental, e, incluso, podría cuestionarse seriamente el requisito de empresa beneficiaria de las subvenciones obtenidas" bajo el mandato de Ximo Puig.

La investigación

La investigación arrancó en 2019 tras la denuncia de la entonces diputada autonómica del PP, Eva Ortiz, ahora miembro de la Mesa del Senado.

Durante la fase de instrucción, por ejemplo, la Guardia civil descubrió que el grupo de productoras audiovisuales de Francis Puig y sus socios recurrió al alquiler de inmuebles donde no operaban sus sociedades para hinchar los gastos que justificaran las ayudas públicas que recibían de la Generalitat Valenciana.

Entre dichos alquileres se encontraba una residencia de Jorge Puig (conocido como Jordi), otro de los hermanos del socialista valenciano.

Los agentes de la Guardia Civil acudieron al domicilio y constataron que no se trataba de una sede de Mas Mut Produccions SL, la empresa vinculada al hermano de Puig y que había dicho operar en ese inmueble en la solicitud de la ayuda.

"Con el fin de corroborar que se trataba del domicilio particular de Jorge Puig Ferrer nos entrevistamos con el vecino de la vivienda colindante, que confirmó este extremo", aseguraron los agentes en un informe. 

"Exteriormente, como y se indicó en el pasado informe remitido el 2 de marzo de 2022, la vivienda que nos ocupa no presenta ningún rótulo informando la existencia en esa ubicación de la mercantil Mas Mut Produccions SL", afirmaron al respecto.

Para los agentes, "simplemente presenta el aspecto de una vivienda particular, hecho que se refrenda por la manifestación del vecino antes citados y las imágenes que se adjuntan".

Los investigadores agregaron que, pese a ser la supuesta sede de una productora audiovisual, "no presenta antenas, únicamente la habitual en las viviendas particulares". "No accediendo al interior de la misma ninguna persona mientras estuvimos en el lugar".

"Por lo expuesto, no se puede acreditar que esa ubicación sea la sede social de la mercantil Mas Mut Produccions SL", concluyeron.

Así, la Fiscalía y el PP, que ejerce la acusación popular en este caso, han solicitado que el proceso continúe adelante, mientras que las defensas han pedido el archivo. Ahora será el titular del juzgado de Instrucción 4 de Valencia el que valore si dicta o no el auto de apertura de juicio oral.