"En el supuesto de autos consideramos que concurre tal situación, dado que, de las diligencias de instrucción acordadas y pendientes de práctica, puede resultar imprescindible la realización de otras de relevancia para la determinación y concreción de los hechos objeto del procedimiento, así como de las personas que hayan participado en los mismos", expuso en un ato el juzgado, dictado el 24 de julio y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En consecuencia, el juez acuerda prorrogar el plazo de las diligencias para determinar si la actuación de Morant y su sucesor en el cargo en la Alcaldía de Gandía, José Manuel Prieto, es o no delictiva.

La ampliación del caso la solicitó inicialmente el exalcalde de Gandía del PP, Arturo Torró, personado en la causa como acusación popular, y la apoyó la Fiscalía de Valencia. El ministerio fiscal consideró que de las actuaciones "se evidencia que no ha sido posible finalizar la investigación en el plazo máximo previsto" y pidió ampliarlas "el tiempo necesario".

Los hechos que se investigan se remontan al mes de junio de 2015, año en el que la actual secretaria general del PSOE valenciano ocupó por primera vez el cargo de alcaldesa de Gandía.

Morant, recién nombrada en el cargo, se presentó a las puertas de un bloque de viviendas propiedad del Ayuntamiento y gestionado por una concesionaria, junto a otros concejales, para evitar el acceso de una comitiva judicial en un lanzamiento por el impago de un alquiler social.

A partir de ahí, se produjeron más impagos y otras familias se vieron obligadas a abandonar el bloque de viviendas de propiedad municipal después de que varios clanes relacionados con el narcotráfico ocuparan los pisos vacíos.

El asunto acabó en la vía contenciosa y los tribunales dictaron dos sentencias, publicadas por este periódico en 2022, cuyos hechos probados concluyeron que la actuación de Diana Morant y el resto de los concejales que participaron en este desahucio provocó impagos y daños en el edificio público.

El desalojo, "que las propias autoridades municipales habían impedido, en un ejercicio de demagogia ilícito", impidió "la legítima actuación de la autoridad judicial en detrimento de la concesión, y de los bienes públicos, en concreto el edificio de protección", según concluyeron los tribunales.

La actuación causó un perjuicio económico de 700.000 euros por los desperfectos causados por la posterior ocupación de las viviendas, según las sentencias.

Según estas sentencias, existe "una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión".

"Relación causal que quedaba de manifiesto en el efecto inmediato de impagos y ocupación delictiva del edificio, que tenía reflejo no solo en el aludido testimonio sino también en todos los informes emitidos por la policía local y los distintos servicios municipales".

Estas sentencias instaron al Ayuntamiento de Gandía "a repetir [sic] contra la alcaldesa y los concejales implicados los daños y perjuicios derivados de su conducta".

Pero no se abrió ningún expediente en estos términos y en un principio se imputó la partida de coste a la empresa concesionaria, Inmobles Reunits de Catarroja SL. El Ayuntamiento de Gandía sostiene que es la concesionaria del edificio la que debe hacerse cargo de la rehabilitación de las viviendas y la promotora afectada se opuso en los tribunales.

Desde ese momento, el edificio está abandonado y ocupado por clanes familiares vinculados al tráfico de drogas. Según un informe municipal, su estado actual "imposibilita el uso residencial previsto para el mismo". 

Junto a Morant también fue denunciado el actual alcalde de Gandía y María Isabel Santapau, jefa de los servicios jurídicos municipales. La investigación determinará si esta actuación merece algún reproche penal y quién debe hacerse cargo del edificio público en ruinas.

Alegaciones del alcalde

El actual alcalde se opuso en el juzgado a la ampliación y recordó en su escrito de alegaciones que en la actualidad Morant "se encuentra aforada, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo". La constructora afectada ya pidió al juzgado que se inhibiera a favor del Supremo, pero el juez todavía no ha resuelto la petición.

Según argumentó, "la denuncia rectora de las presentes actuaciones, no imputa ningún tipo delictivo a los denunciados, limitándose a señalar los posibles delitos de prevaricación, malversación o cualquier otro delito contra la Administración".

A juicio del alcalde de Gandía, la denuncia busca una "criminalización" del Derecho.

"Hoy resulta desgraciadamente habitual el recurso a la jurisdicción penal para la resolución de conflictos que, en principio, tiene atribuido el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal cual es el control de su legalidad".

"La tendencia a criminalizar cuestiones inicialmente ajenas al Derecho Penal ha adquirido en los últimos tiempos especial importancia respecto del ejercicio de la función pública ostentada por alcaldes y concejales, especialmente en el Ayuntamiento de Gandía", denunció la defensa de Prieto en su escrito, consultado por este periódico.

En este caso, el alcalde afirma que "la jurisdicción penal pretende ser utilizada con la finalidad ilegítima de criminalizar conflictos estrictamente políticos, por la gravedad y repercusión pública que conlleva la imputación de un delito".

"Esta es la razón por la que la jurisprudencia ha perfilado los límites de la intervención penal en este campo, en mayor medida cuando la cuestión controvertida ha sido resuelta por la jurisdicción contencioso-administrativa".

Sobre el fondo del asunto, Prieto explicó que la empresa concesionaria, "hoy personada en estas actuaciones por obvios motivos espurios, se opuso al pago del canon, alegando que el Ayuntamiento no le facilito la debida protección como concesionario, en cuanto a los desahucios y ocupaciones ilegales, hasta el punto que la alcaldesa junto con dos concejales de la corporación municipal, participaron el 30 de junio de 2015 en un escrache para evitar el desalojo de una persona".

Sin embargo, el dirigente socialista trasladó al juez que la mercantil Inmobles Reunits de Catarroja denuncia por primera vez el 26 de noviembre de 2011 ante la Policía Local, casi cinco años antes de la presencia de la posteriormente alcaldesa Morant y siendo alcalde precisamente el ahora denunciante Torró, "los destrozos y actos vandálicos que se están llevando a cabo en el inmueble y viviendas".

Y es "con ocasión de que el Ayuntamiento de Gandía inicie el procedimiento de rescate de la concesión frente a la mercantil concesionaria, es cuando se suceden las denuncias por parte de esta consistente en daños en el inmueble, daños que obviamente hacia años que se estaban produciendo a su vista, ciencia y paciencia".

"La cuestión que se plantea en las presentes actuaciones penales ya fue resuelta en su día por la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la sentencia judicial aludida, ya firme, que inadmite a tramite la posible responsabilidad personal de la entonces alcaldesa y dos de los miembros de la corporación local", alegó Prieto.

Por ello, solicitó "el sobreseimiento y archivo de las presentes actuaciones, habida cuenta de la atipicidad penal de las conductas denunciadas", pero finalmente el juzgado ha rechazado la solicitud.