Convocar un referéndum para que todos los españoles puedan pronunciarse sobre el concierto fiscal catalán es lo que el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, exigió este viernes a Pedro Sánchez.

Para Mazón, el jefe del Ejecutivo central tiene "la obligación moral y política" de someter el acuerdo con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa a la votación de toda la ciudadanía. 

"Si el Gobierno de España quiere un Estado federal, tiene que someterlo a la consideración de los españoles; si el Partido Socialista quiere romper la caja única y una financiación singular, y que los que más tengan aporten menos, tiene que someterlo a sus bases", aseguró Mazón en una entrevista con la Agencia EFE.

En este sentido, el presidente valenciano insistió en que su Gobierno acudirá a los tribunales ante "este golpe de estado fiscal" como él mismo lo denominó tras conocerse el preacuerdo entre ambas formaciones.

La idea del jefe del Consell es llevarlo, cuando se conozcan los detalles, al Tribunal Constitucional. "De momento, la letra de la canción, del concierto, significa acabar con la caja común y, sobre todo, acabar con la solidaridad", afirmó este viernes.

Además, instó a Sánchez a preguntar también a las bases socialistas, para "ver qué dicen los militantes socialistas de buena fe, los socialdemócratas que creen en la solidaridad, en la progresividad y en la igualdad".

El pleno del Consell celebrado este viernes en Ontinyent (Valencia). EE

"Él cree que queda guay hablar de federalismo, que le conecta con parte de sus votantes, como decir que gracias a la amnistía viene la paz", aseguró Mazón.

En estos mismos términos se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo valenciano, Ruth Merino, después del último pleno del Consell antes de las vacaciones. Merino defendió que "lo apropiado" es preguntar a los españoles porque "afectará directamente en su calidad de vida".

Conferencia de presidentes

La ofensiva del Gobierno de Mazón contra Sánchez no acaba en esta exigencia. Merino anunció un recurso administrativo contencioso para que se convoque la Conferencia de presidentes.

Explicó que el presidente está obligado a convocarla dos veces al año o cuando se lo soliciten un número de presidentes autonómicos, pero que, sin embargo, la última vez que se produjo esta reunión de primer nivel fue en el año 2022 con motivo del volcán de La Palma.

Entre los temas que Merino puso encima de la mesa como urgentes para debatir entre las autonomías y el Gobierno central, la política migratoria y la reforma del sistema de financiación autonómica.

"Hace falta esa lealtad institucional que tanto echamos de menos y esa coordinación y hace falta ese momento de poner encima de la mesa las necesidades, las políticas y desde luego la coordinación con las comunidades autónomas", subrayó.