Se trata de la Dirección General de Coordinación de la Acción del Gobierno, que depende directamente de Presidencia; la Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias, de la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda; la Dirección General de Interior, dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior; y la Dirección General de la Industria y Cadena Agroalimentaria, integrada en la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Son cuatro puestos con unas retribuciones de 14.859 euros de sueldo base, más 13.048 euros y 35.295 euros de complementos, con derecho a percibir dos pagas extra anuales, una en junio y la otra en diciembre, por importe de una mensualidad de sueldo base.

La Dirección General de Coordinación de la Acción del Gobierno depende directamente del secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García Ramírez, y sus funciones están relacionadas con la coordinación interna del Consell y de este con otras instituciones.

Además, este alto cargo asume la Delegación de la Comunitat Valenciana en Madrid, en la que prestará el apoyo necesario a les persones miembros del Consell y al personal de la administración de la Generalitat para desarrollar allí sus funciones.

La Dirección General de Infraestructuras Sociosanitarias desempeña las tareas en materia de planificación y coordinación de las infraestructuras y centros del sistema público de Servicios Sociales, así como la coordinación y supervisión del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria.

Este cargo depende directamente de la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, nombrada el día 12 de julio para sustituir a Emilio Argüeso, que, tras la crisis de Gobierno, fue nombrado secretario autonómico de Seguridad y Emergencias.

El pleno del Consell tras la remodelación. EE

Por su parte, la Dirección General de la Industria y Cadena Agroalimentaria tiene la misión de garantizar la seguridad en las instalaciones de la industria alimentaria y desarrollar las políticas que impulsen y modernicen las infraestructuras y el funcionamiento eficiente y sostenible de la cadena agroalimentaria.

Esta Dirección General depende de Vicente Tejedo, el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca desde este mes de julio.

Finalmente, la Dirección General de Interior depende del departamento de Emilio Argüeso, tras la salida de Vox del Ejecutivo autonómico. Esta dirección tiene competencias en materia de espectáculos, de establecimientos públicos, y de actividades recreativas y socioculturales.

También tiene encomendadas las labores relaciadas con la seguridad pública, la coordinación de policías locales, la gestión de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana y de protección civil.

Salida de Vox del Consell

Carlos Mazón saldó la crisis de su gobierno tras la marcha de Vox en apenas unas horas. Después de que Santiago Abascal diera la orden a los suyos de romper de manera unilateral todos los acuerdos con los populares. 

12 horas después de destituir a los tres consellers de Vox (Vicente Barrera, de Cultura; Elisa Núñez, de Justicia; y José Luis Aguirre, de Agricultura), el jefe del Consell aprovechó para reducir todavía más su Gobierno, hasta convertirlo en el segundo ejecutivo autonómico más pequeño de España, solo por detrás de La Rioja.

Eliminó la vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura y Deporte, cuyas competencias distribuyó entre la Conselleria de Educación y Presidencia, respectivamente. Además, la gestión de agua pasó de Medio Ambiente a Agricultura. 

De esta manera, la Generalitat Valenciana se estructura en nueve departamentos, que son la Presidencia de la Generalitat y ocho consellerias. Además, el número de Secretarías Autonómicas se ha reducido hasta las 25. Direcciones Generales, es decir, altos cargos del tercer escalón, 74.

El Gobierno de Carlos Mazón ya disminuyó el número de asesores en un 47% cuando fue elegido presidente. Pasó de los 116 que tenía el anterior ejecutivo, del socialista Ximo Puig, a 61.

Se trata de 55 asesores menos, que suponen, según los datos que maneja la Generalitat Valenciana, un ahorro de 13,2 millones de euros durante toda la legislatura.