Dejan para 2027 el juicio por incapacidad de un trabajador valenciano, 2 años y medio después de ser denegada

Los juzgados de la Comunitat Valenciana suman cerca de 400.000 expedientes pendientes de resolver, un 15% más que el año anterior, y los tribunales están siendo incapaces de resolver el tapón judicial que sufren desde hace años.

Un jurista valenciano denunció en las últimas horas "retrasos intolerables" en el señalamiento de juicios en los juzgados de lo Social después de que le hayan notificado un juicio por la incapacidad de un trabajador para el mes de enero de 2027, dos años y medio después de que se iniciaran las diligencias.

"La realidad es que en España parece que en ocasiones la Justicia es la gran olvidada. Ya sea por falta de medios, de recursos, por una cuestión de organización o por un aumento en la litigiosidad. Lo cierto es que nuestra justicia social adolece de retrasos intolerables", publicó en sus redes sociales el graduado social, Rubén Molina.

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Este jurista ilustró el problema con un ejemplo práctico que tramita su despacho desde principios de verano. 

"Lo ilustraremos con un caso real de los juzgados de los Social de Valencia, por un procedimiento de denegación de incapacidad permanente, donde un trabajador tras un periodo de dos años de incapacidad temporal, le es denegada la incapacidad permanente".

Tras interponer la correspondiente demanda, "nos encontramos con la fecha de señalamiento de juicio para el próximo 11 de enero de 2027, es decir, más de 2 años y medio después de que al trabajador le fuese denegada la incapacidad permanente", lamentó Molina.

"Ahora con que cara le explica servidor a su cliente que tiene que esperarse hasta enero de 2027 para que un juzgado determine si las enfermedades y patologías que padece son merecedoras de la calificación de una incapacidad permanente", apuntó.

Por ello, consideró que "la justicia tardía no es justicia, así de sencillo". Según Molina, "por desgracia, la situación de la Justicia en nuestro país padece de un endémico de colapso".

"Esta situación viene sistemáticamente siendo denunciada por muchos graduados sociales desde hace años y muy especialmente desde la irrupción del Covid-19", manifestó.

En declaraciones a EL ESPAÑOL, Molina subrayó que "muchas veces nos quejamos de las listas de espera de Sanidad, pero esta espera en justicia es al menos igual de grave por la indefensión que genera a los ciudadanos".

Asuntos

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, que dejará el cargo en enero tras 15 años al frente de la institución, aprovechó la apertura del año judicial 2024-2025 para exponer la "fotografía más fiel del estado de los juzgados y tribunales" valencianos.

Solo en el primer trimestre de este año 2024, "el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana fue de 216.271". Esto significa un aumento de un 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Los incrementos más significativos, según De la Oliva, "fueron los del orden Civil con un 34,2% más de asuntos de nuevo ingreso, y del Social, donde fue del 26%".

Para paliar este exceso en el ingreso "he destinado jueces de la 73 promoción que están aquí en fase de sustitución y refuerzo hasta final de año, a estas jurisdicciones, 12 para la jurisdicción civil, 1 para la mercantil, 3 para la social y 1 para la penal", explicó la presidenta.

"Cerramos 2023 con un aumento cercano al 5% en la cifra de nuevos procedimientos con respecto al año anterior, una tendencia al alza que prácticamente se observa ejercicio tras ejercicio. Son cifras que nos invitan igualmente a la reflexión sobre el volumen de trabajo que soportan nuestros órganos judiciales", subrayó la presidenta.