Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Los cinco errores de la CHJ en la catástrofe de Valencia sobre los que su presidente aún no ha respondido 48 días después
- Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Jucar, lleva más de mes y medio sin dar explicaciones sobre los fallos de su organización.
- Más información: La Generalitat cifra en 1.051 los millones movilizados para la reconstrucción social y económica tras la DANA
Carlos Mazón compareció en las Cortes Valencianas. Teresa Ribera hizo lo propio en el Congreso de los Diputados. Pero un actor fundamental en la gestión de la terrible DANA, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), sigue sin dar la cara casi 50 días después.
Se trata de Miguel Polo, exconcejal socialista de Titaguas y presidente de la CHJ desde febrero de 2021. Mazón reconoció "errores" de la Generalitat en la gestión de la catástrofe y cesó a la titular de Emergencias. Ribera no hizo autocrítica, pero se expuso a la fiscalización de la Cámara Baja.
Polo, sin embargo, mantiene un inexplicable silencio de más de mes y medio pese a los acreditados fallos de la organización estatal que preside, que agravaron la catástrofe de forma significativa. EL ESPAÑOL ha recopilado los cinco grandes errores del organismo, que tuvieron lugar tanto el mismo 29 de octubre, el día de las inundaciones, como los meses y los años previos.
No avisó de la crecida
La aciaga tarde del 29 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) incumplió su obligación de informar por correo electrónico a la Generalitat Valenciana de la crecida.
En concreto, tal y como precisó EL ESPAÑOL, la CHJ omitió 15 veces la alerta por escrito que exige su protocolo durante la hora y media clave de la crecida del barranco del Poyo, que fue la que provocó el grueso de las 223 muertes constatadas hasta la fecha.
Fue la propia institución estatal la que aireó, sin pretenderlo, su escasa comunicación a Emergencias sobre el barranco que provocó los mayores daños. Lo hizo en un comunicado público emitido el 4 de noviembre.
En el mismo, adjunto a continuación, precisó que no informó por correo electrónico de lo que ocurría en la fatídica rambla del Poyo desde las 15.50 horas, cuando indicó que el caudal había bajado a 28,7 metros cúbicos por segundo, hasta las 18.43 horas, cuando ya era de 1.686 metros cúbicos por segundo.
Llegado ese último aviso, la fuerza del agua ya era tal que, solo doce minutos después, destruyó por completo los sistemas de medición.
📢 La CHJ mantuvo informadas a las autoridades de protección civil de forma periódica de los caudales del Barranco del Poyo, así como de la declaración de los escenarios de emergencia en la presa de Forata, en el río Magro.
— Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) November 4, 2024
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La CHJ, en su escrito, se excusa alegando que, cada cinco minutos, sus datos de medición eran publicados en su página web y "podían ser consultados por todos los interesados en cualquier momento". Y es cierto que estaban disponibles.
Pero dicha información ni siquiera fue objeto de advertencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), convocado para gestionar la emergencia, con presencia telemática de Miguel Polo, su presidente. Un encuentro en el que todos los organismos del Estado, entre ellos la CHJ, afirman que se perdió la comunicación durante una hora.
En cualquier caso, el protocolo de la Confederación Hidrográfica exige con claridad comunicar vía email cada vez que la medición supera los 150 metros cúbicos por segundo.
Esto empezó a ocurrir desde las 17.25, tal y como precisó este periódico. En consecuencia, fueron 15 las veces que la CHJ obvió el mail obligatorio a Emergencias de la Generalitat Valenciana hasta las 18.43 horas. Fueron 78 minutos de silencio en los momentos más críticos de la crecida en el barranco.
En su propia relación de correos electrónicos se aprecia por qué la CHJ desatendió lo que ocurría en el barranco del Poyo. La preocupación principal era otra: la posible rotura de la presa de la Forata por la crecida que también tuvo lugar en los ríos Magro y Júcar, que habría supuesto, en caso de ruptura, una inundación colosal.
Tanto fue así que la alerta ES-Alert enviada por radio a los teléfonos móviles a las 20.11 correspondió al riesgo de Forata, no a los estragos que ya estaba causando el agua en el barranco del Poyo. Por suerte, la presa no llegó a colapsar.
Sin comité de emergencia
Los errores de la CHJ durante el día de la DANA no se limitaron a la desinformación en la que incurrió por la tarde. Como reveló este periódico el pasado 7 de diciembre, la Confederación Hidrográfica del Júcar no convocó aquel 29 de octubre su Comité Permanente de emergencia pese a que lo exige la ley.
En concreto, la CHJ debió convocar formalmente el mencionado Comité Permanente ante el aviso rojo de la Aemet por la DANA, que se lanzó a primera hora de la mañana, a las 7:36 horas.
Sin embargo, fuentes de la CHJ confirman a EL ESPAÑOL que, de ese día, no hay actas de la reunión, todo pese a que los integrantes de ese Comité Permanente "estuvieron todos" en la del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).
Este último organismo no fue convocado por la Generalitat Valenciana hasta las 15.00 horas, circunstancia que ha sido duramente criticada por parte de la oposición y por el Gobierno de España.
Pero, si bien el Cecopi no se convocó hasta primera hora de la tarde, el mencionado Comité Permanente de la CHJ ni siquiera llegó a convocarse.
Desde la Generalitat Valenciana aseguran a este periódico no tener constancia de que se constituyese el mencionado Comité Permanente pese a que su Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones lo establece así expresamente, al amparo de la ley en vigor.
Medidores obsoletos o ausentes
Otra circunstancia que tendrá que argumentar Miguel Polo el día que se preste a ofrecer explicaciones es si la CHJ contaba con la tecnología óptima para medir y advertir con precisión la crecida del agua.
En el proceso para sustituir el medidor arrancado por la riada, el Estado apostó por un Sistema de Alerta Temprana (SAT), una tecnología que, según reconoció en el Congreso la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es el "único sistema que salva vidas".
Pero en el barranco del Poyo, como en el resto de barrancos y ramblas del conjunto de la CHJ, lo que había era un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), una tecnología mucho más rudimentaria que, además, estaba ubicada ya en el inicio de la ladera de inundación, en el municipio de Ribarroja.
Este sistema arramblado por el agua fue adjudicado justo un año antes, el 30 de octubre de 2023, por parte de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Transición Ecológica.
Logró la adjudicación una empresa privada con una oferta un 21% a la baja. Percibió 8,063 millones de euros y fue elegida "en base a la mejor relación calidad-precio".
Vista del barranco del Poyo tras la DANA.
En cambio, tras la catástrofe, el Gobierno de España sí optó por un Sistema de Alerta Temprana [SAT], como los disponibles en la cuenca del Ebro. De hecho, se lo adjudicó de urgencia a la misma empresa que opera en Tarragona por 22,1 millones, casi el triple del importe destinado hace solo un año.
La propia jefa de Servicio de la CHJ había pedido tres meses antes de la DANA "sistemas de alerta temprana" para el barranco del Poyo.Otra buena muestra de la carencia de sistemas de medición de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha quedado patente al constatarse la ausencia completa de medidores en el barranco de la Horteta.
Este último conecta con el barranco del Poyo, y la CHJ admite ahora que el agua que aportó al fatídico barranco pudo elevar el volumen total hasta los 3.500 metros cúbicos por segundo.
Tras la DANA se estimaba que el barranco había portado un caudal equivalente a cuatro veces el del Ebro. Este último dato lo eleva a siete veces el volumen del río más caudaloso de España.
Barranco sin drenar
Además de no contar con los mejores sistemas de medición y de que la CHJ fallara en los avisos sobre el Poyo, el barranco no se encontraba en las mejores condiciones.
Tal circunstancia la reconoció la propia Confederación Hidrográfica del Júcar en enero de 2023. En concreto, en su Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación hidrográfica del Júcar 2022-2027.
Este documento precisa que el "drenaje" del barranco del Poyo está entre las "medidas previstas que no se han llevado a cabo" en su área de jurisdicción.
El "drenaje" del barranco era uno de los "proyectos previstos" en el Plan General de Riesgo de Inundaciones que el Ministerio de Transición Ecológica tenía pendientes de acometer. En concreto, la "adecuación y encauzamiento en el casco urbano de Aldaia y drenaje de caudales al barranco del Poyo".
En este caso, como en la instalación de mejores sistemas de medición, la responsabilidad se extiende al Gobierno de España, que es el que ha de acometer las actuaciones que la CHJ, como organismo experto, solicita al Ejecutivo central.
A su vez, el Gobierno se encontró con una nueva norma autonómica de 2018, la Ley de la Huerta de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig, que convirtió el proyecto estatal en incompatible con la nueva regulación.
Proyectos no ejecutados
Cabe subrayar además que, como reseñó EL ESPAÑOL, han fracasado 9 proyectos desde 1994 para proteger a los habitantes de la Huerta Sur de crecidas del barranco del Poyo.
Se trata de proyectos no ejecutados que tienen una influencia inequívoca en las graves inundaciones de provocadas por el desbordamiento.
Los "técnicos" del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera ya habían diagnosticado el problema, su "ciencia" ya había determinado el tratamiento a seguir, pero Pedro Sánchez y sus gobiernos, en los que siempre ha estado Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica, no hicieron caso.
Ni él ni los presidentes anteriores, porque se trata de proyectos pendientes en las demarcaciones del barranco del Poyo y el de la Saleta que se arrastran desde hace 30 años, con todos los gobiernos desde el último de Felipe González.
Tanto en el Poyo como en la Saleta, la Confederación Hidrográfica del Júcar ya había reconocido que hacían falta, al menos, dos grandes obras y otras siete grandes actuaciones que "nunca se llevaron a cabo".
De nuevo, en este caso, la responsabilidad de la CHJ, como ente experto que ha de velar por la seguridad en su cuenca, se hace extensiva a los Gobiernos que no han puesto los medios adecuados para garantizarla.
El ahora desaparecido Miguel Polo reconoció en 2022 que el barranco necesitaba una "solución integral" para evitar su inundación.
