Vista del barranco del Poyo tras la riada del 29 de octubre. Efe / Biel Aliño
La jueza de la dana señala que las muertes eran "evitables" y cuestiona la "palmaria ausencia de avisos a la población"
La magistrada cree que la falta de coordinación entre administraciones o la demora en el envío de ayuda escapan del ámbito penal.
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La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja que ha asumido la investigación de la gestión de la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha señalado en un auto que "los daños materiales no se podían evitar, pero las muertes sí".
La jueza, que sigue adelante con la investigación por la muerte de 227 personas, destaca la "palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".
Así, según se desprende del escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la instructora trata de dilucidar por qué llegó con retraso la alerta ES-Alert a los móviles de la población y acota las diligencias previas a esta cuestión.
"El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Sobre ello se han manifestado reiteradamente las familias de las víctimas", explica la magistrada en los razonamientos jurídicos de un auto de respuesta a una petición de nuevas diligencias efectuada por Podemos.
La jueza, asimismo, cree que otro tipo de cuestiones que han sido polémicas, como la falta de coordinación entre administraciones o el envío de ayuda escapan del ámbito penal.
"La tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación, se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político", razona la instructora Nuria Ruiz.
"Es el nexo causal lo que ha determinar las pruebas a adoptar en un proceso penal. En caso contrario la investigación se convertiría en un análisis de la actuación durante el 29 de octubre de todas las administraciones desvinculada de los tipos penales", añade.
En definitiva, considera que los problemas de coordinación entre administraciones o la demora en dar entrada a los militares para colaborar en las tareas de limpieza de los municipios, deben estudiarse o investigarse en otros ámbitos, como el político.
Asimismo, tampoco considera relevante penalmente la investigación sobre responsabilidades de daños materiales. En este caso, insta a realizar reclamaciones patrimoniales en el ámbito contencioso-administrativo.
"La destrucción material que asoló las poblaciones ha tenido y tendrá un impacto emocional que se prolongará durante largo tiempo, pero su reparación se ha de llevar en otros ámbitos y jurisdicciones, no en la sede de este procedimiento", expone.
Acto seguido subraya que en este caso tan solo se investigan "los fallecimientos y las lesiones asociados a una actuación negligente".
