La localidad de Chiva arrasada tras la dana. Efe / Kai Försterling
El TSJ propone nombrar un juez de refuerzo en Catarroja para que la jueza de la dana solo se encargue de la catástrofe
El tribunal también busca la incorporación de un letrado de la administración de Justicia (LAJ) de apoyo.
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pedirá en los próximos días al Consejo General del Poder Judicial reforzar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, el que investiga la gestión de la dana.
La intención es que se nombre un juez en comisión de servicios que asuma los asuntos ordinarios de este juzgado durante un periodo de seis meses prorrogables, de manera que la magistrada de Catarroja, Nuria Ruiz, pueda "encargarse exclusivamente de la tramitación de la causa de la dana".
Así lo ha acordado la Comisión de la Sala de Gobierno en una reunión celebrada este miércoles a petición de la propia jueza, tal y como consta en la propuesta aprobada.
La titular de este juzgado seguiría asumiendo, en cualquier caso, el servicio de guardia, que en el partido judicial de Catarroja presta de forma semanal uno de sus cinco juzgados.
Por su parte, el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia realizará las gestiones oportunas en aras al nombramiento de un letrado de la administración de Justicia (LAJ) de apoyo o para la aprobación en su caso de medidas de prolongación de jornada.
El acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJCV dictado este miércoles es independiente del refuerzo transversal por la dana que fue aprobado en su día y que está en vigor para la totalidad de los cinco Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja.
Este juzgado es el encargado de llevar a cabo todas las investigaciones sobre la dana que el pasado mes de octubre arrasó un centenar de municipios de la provincia de Valencia y que dejó 224 víctimas mortales y 3 desaparecidos.
"Muertes evitables"
Este martes, la jueza de la dana señaló en varios autos que "los daños materiales -ocasionados por la riada- no se podían evitar, pero las muertes sí" y destacó la "palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".
La instructora trata de dilucidar por qué llegó con retraso la alerta ES-Alert a los móviles de la población y acota las diligencias previas a esta cuestión.
"El objeto de la investigación se ha de centrar en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse. Sobre ello se han manifestado reiteradamente las familias de las víctimas", explicó la magistrada en los razonamientos jurídicos de un auto de respuesta a una petición de nuevas diligencias efectuada por Podemos.
Asimismo, también creía que otro tipo de cuestiones polémicas, como la falta de coordinación entre administraciones o el envío de ayuda, escapan del ámbito penal.
"La tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación, se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político", razona la instructora Nuria Ruiz.
