Arturo Torró, en una imagen de archivo, y el arcen en el que fue asesinado este miércoles. Efe / EE
La investigación apunta a una 'ejecución profesional' del exalcalde de Gandía tras recibir amenazas de muerte
Arturo Torró sufrió un sabotaje en su coche. Cuando llegó su mujer yacía muerto en el asfalto, estrangulado y con un tiro en el pecho.
Más información: Aparece muerto con un tiro en el pecho junto a su coche Arturo Torró, empresario y exalcalde de Gandía del PP
Arturo Torró, empresario y exalcalde de Gandía, había denunciado amenazas de muerte previas a su presunto asesinato. Así lo trasladan a EL ESPAÑOL fuentes del entorno del exdirigente del PP, que apareció muerto la noche de este miércoles en la carretera junto a su coche.
La investigación apunta a que se trata de una cuidada ejecución por parte de profesionales del crimen. El exalcalde sufrió un sabotaje en su coche que le impidió seguir con la marcha. Tenía una rueda pinchada.
Informó de ello por teléfono, a un amigo con el que conversaba. Sería su última charla. En paralelo, su mujer, al no conocer su paradero, salió en coche a buscarle y se encontró con el crimen, en plena carretera.
Fue ella quien avisó al 112. Pero ya era tarde. Había sido brutalmente asesinado. Su cadáver fue hallado tendido en el asfalto, con su coche, un Mercedes, todavía con el motor encendido.
El cuerpo sin vida presentaba una herida incisiva en el pecho compatible con un disparo. También signos de estrangulamiento, según la primera inspección forense. La principal hipótesis es que, cuando salió del coche, fue apresado por el cuello antes de ser ejecutado a bocajarro.
El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió este jueves cautela y margen para que los agentes de la Guardia Civil, responsable de la investigación, avance en la misma.
La Unidad Orgánica de la Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Este jueves acudieron al lugar del crimen para buscar junto al arcén elementos metálicos. Entre ellos, su teléfono móvil, que se encuentra desaparecido.
La escena del crimen se encuentra a la altura del kilómetro 37 de la carretera A-38, a la altura del municipio de Xeresa, tal y como avanzó este jueves Cope Gandia.
Embargos
Torró, de 62 años, fue alcalde de la ciudad por el Partido Popular entre 2011 y 2015. En abril de 2023, como informó EL ESPAÑOL, la Justicia lo condenó a la pena de tres años y medio de prisión por un delito de malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual entre los años 2012 a 2015 en el consistorio, el llamado caso Tele7.
Fruto de este procedimiento, Torró había sufrido embargos que le habían dejado en una delicada situación económica, a pesar de los múltiples negocios que había montado.
El exalcalde tuvo varias empresas del sector funerario, entre ellas la fabricante de ataúdes Maderarte y Tableros Puixa SL. También fundó tanto el grupo óptico MasVisión como la empresa de tratamiento integral del agua Hidrosalud.
Alguna las iniciativas empresariales que impulsó fueron en el extranjero. En particular, en Argentina y en un país africano.
El exalcalde cerró la televisión municipal, Gandia TV, tras la histórica victoria del PP en las elecciones municipales de 2011 y la adjudicó a una empresa privada.
Torró acabó abonando años después 480.000 euros a la mercantil tras firmar un documento "sin que existiera cobertura legal para el pago", según concluyó el tribunal. La firma permitió a Torró "conseguir atender intereses particulares y no públicos".
Sobre el empresario, la sentencia dictó que "concurría la condición de autoridad o funcionario con facultad decisoria y capacidad para disponer de caudales públicos".
Contra Diana Morant
Arturo Torró había abandonado, en febrero de 2016, el cargo de presidente del PP de Gandía para "no generar polémica" y negaba entonces que su decisión estuviera motivada por su citación, al mes siguiente, como investigado por el cierre de la televisión municipal.
Torró, sin embargo, nunca cesó en su actividad pública. Fue de hecho el impulsor de la causa judicial que investigó al Ayuntamiento de su sucesora, la hoy ministra Diana Morant, por impedir un desahucio que, según denunciaba el PP, derivó en la okupación del edificio público al completo.
La justicia, sin embargo, archivó recientemente este proceso. Descartó la existencia de prevaricación tanto en las decisiones tanto de Morant como por parte del resto de su equipo municipal. También por parte del actual alcalde socialista, José Manuel Prieto.
