
Aviso de la CHJ en su página web. EE
La CHJ dice en su web que sus datos automáticos en los que se escuda ante la jueza "no pueden usarse para tomar decisiones"
"Tienen el carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados", reconoce sobre unos registros que usa de coartada para defender que avisó.
Más información: La CHJ reconoce a la jueza "un incremento súbito de caudal" a las 17:40 y que no informó a la Generalitat "entre 16:13 y 18:43"
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) advierte en su propia página web de que los datos en tiempo real que registra su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sobre las cuencas "tienen el carácter de no oficiales y no pueden ser legalmente utilizados".
También indica que se trata de información de "naturaleza provisional" que debe ser verificada "antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública". Lo hace en una pestaña denominada "aviso sobre la provisionalidad de los datos en tiempo real".
Esta información que ofrece online el organismo que dirige Miguel Polo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España, fue omitida a la jueza de la dana cuando la CHJ le remitió la documentación solicitada por la magistrada sobre el SAIH.
Todo, a pesar de que la CHJ se escuda precisamente en esta información provisional que cuelga de forma automática para defender que la Generalitat de Carlos Mazón sí estaba informada de la terrible crecida que tuvo lugar en el barranco del Poyo, la que provocó el grueso de las 227 muertes.
Como informó este periódico, a principios del mes de febrero, la jueza del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz, pidió al órgano dependiente del Gobierno central los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas del 29 de octubre de 2014 y la forma en que se transmitieron.
En su respuesta a la magistrada, la Confederación trasladó un documento en el que informaba, en primer lugar, sobre qué es el sistema SAIH con el que cuentan y cuándo se puso en marcha.
Puntualizó que no era un sistema predictivo, sino de observación, que permitía "observar datos en tiempo real". Y añadió que desde que se toman los datos proporcionados por "pluviómetros, aforos y sensores, hasta que se pueden visualizar en el sistema informático, tardan entre 20 y 30 minutos".
Sin embargo, en todo el documento, el organismo no hizo mención a que los datos proporcionados por el SAIH "no tienen carácter oficial".
Tampoco a otra clara advertencia que sí consta en su web, dirigida "a los usuarios de los datos en tiempo real", en la que les advierte "de la naturaleza provisional de la información antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública".
Solo lo dice en la web
Preguntadas por EL ESPAÑOL sobre la omisión de esta información en el documento de 24 páginas que la CHJ remitió a la jueza de Catarroja, la Confederación se limita a explicar que respondieron "en tiempo y forma al requerimiento de información de la magistrada donde se solicitaba la integridad de los datos existentes en ese intervalo de tiempo sobre el caudal del barranco y los medios utilizados para transmitir la información".
Asegura que "en ningún caso se ha omitido nada", pero admite que la jueza solo puede conocer esta circunstancia si visita la web de la CHJ. "La información está disponible, accesible y visible en la página web del SAIH", expone.
Este periódico también preguntó a la CHJ sobre por qué defiende desde hace cuatro meses que los datos provisionales eran suficientes para que Emergencias de la Generalitat tuviera certezas sobre lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Poyo la tarde noche del 29 de octubre de 2024.
Más aún cuando su propia web reconoce que se trata de datos "no oficiales", que "no pueden ser legalmente utilizados", y que la información debe ser verificada "antes de usarla para la toma de decisiones que conciernen a seguridad personal o pública".

Miguel Polo, en una de sus pocas apariciones públicas desde hace cuatro meses. Efe / Biel Aliño
La CHJ responde a esta cuestión que, "tal y como queda constancia en el informe remitido a la jueza de Catarroja", enviado la semana pasada, "la información y avisos transmitidos por el SAIH es complementaria al resto de información que reciben los Centros de Coordinación de Emergencias y de la que se nutren para la gestión de las emergencias por inundaciones".
En definitiva, que la Generalitat debió tener en cuenta otras fuentes de información.
Las advertencias de la web de la CHJ contrastan sobremanera con su argumentario legal, en el que resta importancia a los avisos "redundantes" por correo electrónico que no envió la CHJ entre las 16:13 y las 18:43 a pesar de que se lo exige su protocolo ante grandes crecidas.
En ese lapso temporal, tal y como reconoce la propia CHJ, se produjo el "incremento súbito de caudal" que causó la masacre, sin que el organismo realizara más advertencias durante las mencionadas dos horas y media que el volcado automático de datos que la propia confederación considera no oficiales.
Su escrito judicial
En el escrito a la jueza, la CHJ sí expone que "la recogida de datos se produce en intervalos de cinco en cinco minutos", en puntos de concentración de datos y transmisión de los mismos a la sede de la CHJ. Más tarde, se procesan y visualizan "las magnitudes meteorológicas e hidrológicas".
"Todo ese proceso supone que desde que se recogen los datos en campo hasta que se visualizan en la aplicación informática o en la web, media un tiempo de entre 20 y 30 minutos desde su ocurrencia real, siempre que no se produzcan fallos de comunicación", subraya en su escrito la Confederación.
En el caso del seguimiento de ramblas y barrancos, puntualiza que "debido a la rapidez con la que se generan las crecidas y el escaso número de puntos de control, además de la imposibilidad de laminar los caudales", requieren la participación de otros organismos.
Entre ellos, ayuntamientos, Guardia Civil, bomberos, Policía de la Generalitat, agentes medioambientales, brigadas de la Diputación y comunidades de regantes.