Las exigencias de Vox a los Presupuestos de Mazón: recorte al valenciano y partida para el retorno de inmigrantes ilegales

El presidente del Gobierno valenciano Carlos Mazón ha comparecido este lunes en Les Corts Valencianes para anunciar que presentará los Presupuestos de 2025 tras alcanzar un acuerdo con Vox.

Un pacto que llega tras semanas de negociaciones y que había quedado encallado en tres ejes fundamentales: inmigración, las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y la lengua, tres exigencias adelantadas por EL ESPAÑOL.

Las peticiones, a priori, habrían sido aceptadas por el jefe del Consell, por lo que los 'voxistas' han celebrado minutos después de que Mazón compareciera que el presidente haya "reconocido que Vox tiene razón" en estas tres cuestiones. 

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En materia de inmigración, las peticiones del partido de Santiago Abascal son "eliminar todas las subvenciones a ONG de apoyo a la inmigración ilegal"; que se hagan "pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes" y que la Comunitat no acepte "ni un mena más".

Asimismo, también debe constar en las cuentas de 2025 una partida para "impulsar con Vox un plan de retorno de inmigrantes irregulares".

Respecto a la cooperación al desarrollo, Vox ha reclamado que se haga "el mayor recorte del gasto en cooperación al desarrollo en la historia de la Comunitat", en torno al 40%. Lo que supondrá, según el partido de Abascal, "un ahorro de más de 22,5 millones de euros que irán destinados a la reconstrucción". 

El grupo parlamentario liderado por José María Llanos en Les Corts, también ha puesto encima de la mesa que se elimine cualquier tipo de subvención a entidades propalestinas y se suprima el convenio de 600.000 euros con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. 

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Valenciano y Pacto Verde

Los voxistas también han forzado las negociaciones para que la Generalitat Valenciana "recorte de forma significativa el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua (AVL)", como también las "subvenciones a la promoción del valenciano".

Recientemente la Generalitat realizó una consulta para que los padres eligieran la lengua en la que quieren que estudien sus hijos de cara al próximo curso 2025-2026. La consulta se saldó con un 58% de participación y una máxima igualdad entre ambas lenguas. 

En este sentido, Mazón ha dicho este lunes en su declaración institucional que "permitir que nuestros hijos estudien en español no tiene que ser revolucionario". Un discurso compartido con Vox. 

El tercer eje que habría dilatado el entendimiento entre el Consell y sus exsocios se centra en las políticas verdes. O lo que Vox denomina "imposiciones verdes".

En este caso, han reclamado "eliminar todas las partidas destinadas a la Agenda 2030 y el Desarrollo Sostenible". También suprimir "todas las tasas derivadas del Pacto Verde".

Santiago Abascal el día que se constituyeron Les Corts de la presente legislatura. Rober Solsona / EP

Fiscalidad y Memoria Histórica

Otras cuestiones que se incorporarían al pacto, pero que no han sido motivo de discordia, afectan a la fiscalidad, que podrá modificarse a través de la Ley de Medidas Fiscales, más comúnmente llamada Ley de Acompañamiento.

En esta norma, buscan aprobar un "recorte de dos puntos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que actualmente es del 10%". La intención es "aplicar la rebaja entre 2025 y 2026, a razón de un punto por año". 

Además, rebajar el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al 1,2%. Y aplicarlo de la misma manera que el ITP, entre este ejercicio y el siguiente a razón de un punto anual. 

Vox también reclama la "rebaja del tipo reducido del ITP del 10% al 4% para transmisiones de parcelas con vocación agraria", la "equiparación del Impuesto de Patrimonio al de grandes fortunas" y "ampliar la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones a hermanos y sobrinos". 

Sin mencionar ninguna, los voxistas sí habrían reclado al presidente del Gobierno valenciano un "recorte significativo del presupuesto destinado a organismos autónomos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles, fundaciones y consorcios". 

De la misma manera, que reduzca las "subvenciones a agentes sociales o chiringuitos de igualdad" y que no se dé dinero público a la Memoria Histórica. Esto es, "mantener solo las partidas obligatorias par identificar cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia". "Un recorte de, al menos, el 40%", concluyen.