El Defensor del Pueblo, Ángel Luna, le entrega el informe anual de 2024 a la presidenta de Les Corts. Manuel Bruque / Efe
El Defensor del Pueblo valenciano: "Los gobiernos fracasaron en proteger el derecho a la vida en la dana"
Ángel Luna critica la falta de cooperación y lealtad institucional que hubo entre las administraciones para gestionar la catástrofe del 29 de octubre.
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El síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo) de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha asegurado este martes que "la excepcional pérdida de vidas humanas" que provocó la dana del pasado 29 de octubre "ha puesto de manifiesto el fracaso de la Administración en la protección del derecho a la vida".
Acompañado de la adjunta primera, Concha Bru, y del segundo, Carlos Castillo, el defensor del Pueblo ha presentado en Les Corts su Informe Anual 2024.
En él critica la falta de cooperación y lealtad institucional entre los responsables de las administraciones públicas para afrontar la catástrofe, que deja 227 víctimas mortales y una mujer desaparecida.
Luna ha destacado que la deriva de confrontación que se vive, no solo en España, "se manifiesta con toda su crudeza en situaciones de catástrofe, donde lo primero que hay pensar es en colaborar y no en establecer relaciones tensas o difíciles".
En este sentido, ha considerado "importante" centrarse en la reconstrucción del territorio afectado por la dana, pero también ha reclamado "una reconstrucción de los comportamientos políticos de la gente que está al frente de las instituciones".
De esta manera, en su informe anual señala que durante el año 2024 "no hay nada que haya afectado tanto a la protección de los derechos de los valencianos como la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado 29 de octubre".
"El primero de los derechos fundamentales es el derecho a la vida, indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos que reconocen y amparan las leyes", sostiene la institución al inicio del documento.
"La protección del derecho a la vida se presenta como la obligación básica e inexcusable de las administraciones públicas, de acuerdo con las competencias y medios que cada una tiene legalmente asignados", continúa.
Acto seguido, el informe señala que la "excepcional pérdida de vidas humanas [...] pone de manifiesto la dimensión del fracaso en la protección del más fundamental de los derechos fundamentales".
Vía judicial
Asimismo, justifica no haber investigado la gestión de la dana por la "imposibilidad legal que tiene el defensor de intervenir cuando los hechos en cuestión hagan referencia a actuaciones o inactividades contra las cuales se hayan emprendido acciones en vía judicial".
Por ello, concluye que serán los juzgados "los encargados de determinar el alcance de las presuntas responsabilidades de cada administración, y de sus titulares, en la gestión de la emergencia".
