Valencia

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, cifró este miércoles en 974 las empresas "ya valencianas" que se verían afectadas por las multas que propone Junts. El partido de Carles Puigdemont exige al Gobierno de Pedro Sánchez que sean sancionadas por no regresar a Cataluña. Trasladaron su sede social en 2017 por la inestabilidad del Procés, con el que llegaron a temer por quedarse fuera de la Unión Europea en una hipotética Cataluña independiente.

Mazón advirtió al respecto que la Generalitat Valenciana presentará "un recurso de inconstitucionalidad" en caso de que esta iniciativa, la de sancionar a las que no accedan a volver, llegue a materializarse. Lo presentaría la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya está "alertada para reaccionar de inmediato".

"Como ya nos hemos acostumbrado a que Pedro Sánchez cumpla todos los arrodillamientos, tenemos las peores perspectivas", consideró. En cambio, Mazón afirmó que ha mantenido, con las principales empresas, "conversaciones muy fructíferas para su permanencia". No mencionó a ninguna, pero respondió a esta cuestión cuando fue preguntado expresamente por CaixaBank y Banco Sabadell.

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"El recurso a la extorsión es ya lo único que le queda al independentismo. Esto confirma su fracaso", aseveró Carlos Mazón al respecto. "Me estoy empezando a cansar de todo esto (...) No vamos a permitir que se extorsione o se multe ilegalmente a empresas que ya son valencianas, alicantinas y castellonenses", dijo.

Frente a este escenario, contrapuso la propuesta de la Generalitat Valenciana: "un plan de estabilización y apoyo". Hizo un llamamiento a que continúen y se instalen nuevas empresas en la Comunitat aquellas firmas catalanas que "busquen un espacio de confianza, reducción administrativa, burocracia cero, bajos impuestos, un entorno amable y no de multas ni coacciones". "Aquí van a encontrar facilidades que allí no están encontrando y apoyo fiscal para generar empleo y desarrollo", aseguró.

El presidente autonómico atendió a los medios de comunicación tras la intervención de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el Nueva Economía Fórum. La primera edil también se pronunció al respecto. "Vamos a defender y a proteger a las empresas por todas las vías. Aquí tienen a la primera defensora", anunció, sin precisar si el consistorio se prepara también para recurrir esta iniciativa, en caso del que el PSOE ceda y se lleve a término.

Para la dirigente, esta exigencia del partido independentista al Gobierno de Pedro Sánchez "es ilegal, es inconstitucional, y vulnera el derecho fundamental de los españoles y de las empresas".