El Gobierno de Mazón ultima las primeras licitaciones del Plan Vive para ofertar 1.500 viviendas antes de 2025

El Gobierno Valenciano licitará en los próximos días el primer paquete de viviendas del Plan Vive con el objetivo de cumplir el compromiso de ofertar 1.500 viviendas antes de que finalice 2024.

Así lo avanzó este martes la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, después del pleno del Consell, quien señaló que están "cerrando el modelo de licitación y los suelos de los que disponen".

Camarero explicó que a este proyecto se han sumado ya 260 ayuntamientos de toda la Comunitat Valenciana y de "diferentes colores políticos". El objetivo es construir 10.000 viviendas protegidas durante esta legislatura en suelo público cedido por los municipios que participen en el proyecto. 

[El Gobierno valenciano reserva un 40% de las viviendas protegidas a jóvenes menores de 35 años]

Ciudades como Valencia, Alicante, Elche, Castellón, Torrevieja, Orihuela, Torrent, Benidorm, Vila-real o Alzira se han adherido. También municipios más pequeños como Sempere, Espadilla, Villanueva de Viver, Herbers, Matet o Ares del Maestrat.

La vicepresidenta también anunció que la elaboración del decreto de vivienda de protección pública ya está en la fase final. Este decreto permitirá la reserva del 40 por ciento de las viviendas para los jóvenes menores de 35 años.  

Además, contará con un módulo dinámico que asegure que, en base a los costes de edificación, se ajustará de acuerdo con la evolución de los precios del mercado, la presión demográfica y la evolución de las rentas medias de los municipios. Este módulo permitirá abaratar las viviendas fijando un precio inferior al de mercado. 

Según los datos que maneja el Ejecutivo autonómico, el Plan Vive beneficiará de manera directa a más de 24.000 personas y generará 7.326 millones de euros de inversión.

"Inacción de Sánchez"

Susana Camarero criticó "la inacción" del Gobierno de Pedro Sánchez para solucionar el problema de la vivienda y tendió la mano a la ministra para que "deje de chantajear a las comunidades autónomas con la obligación de topar".

Así, denunció que el anterior Ejecutivo valenciano "hizo cero viviendas sociales" y aprobó un decreto de vivienda de protección pública "de espaldas al sector que llevó a la paralización de la construcción de vivienda de protección pública".

Mazón en la presentación del decreto. EE

Además, calificó de "fracaso" la Ley de Vivienda de Sánchez, que "ha provocado el efecto contrario al deseado ya que al ponerse del lado de los okupas y topar los precios en el alquiler han disminuido las viviendas en el mercado".

En esta línea, lamentó que la "única respuesta" del presidente a las manifestaciones por este "drama social" sea "anunciar un bono joven" cuando "se aprobó hace 12 días en la conferencia sectorial, entre ellas por las comunidades gobernadas por el PP".

Además, criticó que "llegaba sin aumentar un solo euro en los últimos años". En este sentido, recordó que el Consell invirtió el año pasado 9 millones de fondos propios para que esta ayuda llegue a más beneficiarios.

Ley Voluntariado

Por otra parte, el Consell aprobó este martes el proyecto de Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana.

La nueva norma sustituirá a la ley vigente de 2001, con el fin de adaptarla a los cambios sociales actuales. Además, ha sido elaborada tras un proceso participativo de información pública que ha tenido como interlocutora a la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana.

Por primera vez se creará una tarjeta para personas voluntarias que acredita y reconoce su dedicación y que llevará asociada una serie de beneficios, con el objetivo de fomentar la labor del voluntariado.

Del mismo modo, se acreditarán los conocimientos y habilidades desarrolladas por las personas voluntarias para poder incorporarlas a su currículum profesional.

El proyecto de ley incluye también un aumento de las medidas de protección tanto para menores que se benefician de la actividad voluntaria como para menores de 18 años que se convierten en personas voluntarias.

Así, permite que, a partir de los 12 años, se pueda participar en acciones de voluntariado, siempre que no se vean perjudicadas las necesidades formativas o que estas actividades no supongan un peligro para la integridad. Además, deberán contar con una autorización expresa.

Igualmente, se incluye la prohibición de ser voluntarias para aquellas personas con antecedentes penales por delitos de violencia de género, atentado contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual o el tráfico ilegal o por delitos de terrorismo.

Las personas que trabajen con menores deberán presentar la certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales.