La Junta de Andalucía cifra en 22.500 millones lo que el Gobierno central dejó de pagar

Con el decreto de convocatoria de elecciones recién firmado, la Junta de Andalucía hace balance de los cuatro años de Mariano Rajoy al frente de la Moncloa. El saldo es negativo para la comunidad porque 22.500 millones no han llegado. Esas son las cuentas del Ejecutivo andaluz, y a estas habría añadir un sumando más: los recursos ante el Tribunal Constitucional, 27 en tres años, en los que éste gana la partida con 17 frente a los 10 interpuestos por el Gobierno central. Aunque se haya superado con creces el nivel de litigios respecto al periodo de los gobiernos de Manuel Chaves y José María Aznar, en el que se registraron 32, pero eso sí en ocho años, las tensiones nunca han llegado a lo que vino a llamarse la etapa confrontación. El diálogo ha sido difícil pero no imposible como entonces.

Sanidad y subasta de medicamentos

La estimación de la Junta de lo que ha supuesto la política de recortes y la falta de financiación del Sistema Nacional de Salud es de 7.000 millones. Para el Ejecutivo de Susana Díaz, el Gobierno de Rajoy ha convertido sus tijeretazos sanitarios en la oportunidad para privatizar, formando parte de una estrategia de “demolición programada”. Para minimizar los efectos de esa política sanitaria, la Junta ha buscado sus propios mecanismos, como evitar que 1,5 millones de pensionistas tengan que adelantar el dinero de sus medicinas (copago); en lugar de cerrar, propiciar la apertura de nuevos centros de salud (33); o las subastas de medicamentos.

El sistema de selección pública de medicamentos, es decir, las subastas por principio activo, han sido uno de los puntos de fricción entre los dos gobiernos de mayor calado. Desde que en 2012 se pusiera en marcha, todas y cada una de las siete subastas han sido recurridas ante el TC o vía contencioso-administrativa. El Gobierno central lo ha entendido como un conflicto de competencias. La medida ha contado con luz verde de los tribunales hasta ahora y ha permitido reducir la factura andaluza del gasto farmacéutico en unos 120 o 130 millones por año, es decir, casi 400 millones desde que se empezara a aplicar.

Aparte de los recursos judiciales, ha habido otras maniobras por parte del Ejecutivo de Rajoy. Las presiones a los laboratorios han sido en privado, pero también en público. La ex ministra Ana Mato no dudó en amenazar a las compañías que participaron en esas subastas con abrirles un expediente para revisar sus precios para que la rebaja que hubieran pactado con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se extendiera a todo el país.

Dependencia

La Junta lleva años arrogándose estar manteniendo la dependencia a pulmón, acusando al Gobierno central de incumplir con su obligación de sufragar el 50% del coste. Según los cálculos andaluces, afrontan el peso del 78% de la dependencia y el Gobierno les ha pagado 508 millones menos de lo que debía.

El PP niega tal cifra. El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, dijo en la última sesión de control en el Parlamento andaluz que la dependencia es la “gran farsa” de Susana Díaz: de los 1.200 millones de gasto en Andalucía, 880 salen de las arcas estatales, es decir, el 65%.

Empleo

El recorte en los fondos estatales para formación y políticas activas de empleo han supuesto 1.600 millones (400 millones por ejercicio), según la Junta. En las políticas de orientación laboral, la caída ha sido un 85%: de los 34 millones que hubo en 2011 se pasó a 11 millones en los dos ejercicios siguientes, 5 millones en 2013 y ahora 20 en 2015. Estas cifras no casan con el hecho de ser la comunidad que mayor tasa de desempleo soporta: un 31,7% (EPA del tercer trimestre de este año).

Es el empleo donde, precisamente, la oposición acaba de encontrar un filón para desgastar al Ejecutivo andaluz después de que su consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, admitiera recientemente que se han tenido que devolver 800 millones en fondos europeos para formación para el empleo. El PP y Podemos ya apuntan a cifras más altas: 1.300 y 1.185 millones que no se han gastado en estos últimos cuatro años.

Inversión estatal y financiación autonómica

La Junta lleva años quejándose de que el actual modelo de financiación autonómica perjudica a esta comunidad y reclamando su reforma al Gobierno central. Cinco años después de su entrada en vigor, son 4.156 millones menos los que se han ingresado. El sistema, que fue ideado en la etapa de Rodríguez Zapatero, incomoda a la presidenta andaluza, que recientemente dijo que “no todas las comunidades autónomas están financiadas bien y hay unas peor financiadas que otras”, y propuso “modular” el cupo vasco.

En la Junta toman como referencia la inversión que hubo durante el último Gobierno del PSOE: 2.841 millones. La media en esta legislatura ha sido de 1.224 millones, por tanto, se han dejado de ingresar 8.086 millones, pero se obvia que este ha sido el periodo de mayores ajustes. En esa cifra se incluyen los 2.526 millones que deberían haber llegado por el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, que exige que la inversión estatal debe ajustarse al 17,8%, que es el peso poblacional de esta comunidad en el conjunto del país.

Aunque Zapatero también lo incumplió, al menos sí lo pintó en los Presupuestos Generales del Estado de 2008-2010, mientras que en los años en que Cristóbal Montoro ha estado al frente de Hacienda eso ni siquiera ha sucedido. Montoro lo dejó claro en muchas ocasiones: “No hay dinero para cumplir los estatutos”.

Estas son las grandes cifras, a las que habría que añadir otras más, como los 500 millones menos en infraestructuras eléctricas, el recorte de 20 millones en las ayudas para la gratuidad de libros de texto, 30 millones perdidos del fondo de integración de inmigrantes o 700 millones menos para agricultores, ganaderos y pescadores.

En el Constitucional

Aparte de las subastas de medicamentos, el segundo y más importante bloque de los diez recursos del Gobierno central contra la Junta se centró en el decreto-ley y la posterior ley antidesahucios. Esta norma, que fue una de las medidas estrella del anterior Gobierno andaluz en el que PSOE e IU eran socios, llevaba el sello de quien la redactó: IU. El foco de conflicto fue que esta norma contemplaba la posibilidad de una expropiación temporal de las viviendas vacías a los bancos durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias que cumplieran con una serie de requisitos y estuvieran en riesgo de exclusión social. El TC acabó tumbando el decreto-ley el pasado mes de mayo, mientras la ley está aún pendiente de resolución (pero está suspendida).

La Junta ha presentado 17 recursos y ha ido casi contra todo lo que han significado recortes en derechos como los decretos ley de medidas urgentes en Educación, Sanidad, tasas judiciales, así como las leyes sobre sostenibilidad energética, sector eléctrico, horarios comerciales y de Costas, pero también las leyes de mayor impacto como la Reforma Local, por el desmantelamiento de la autonomía municipal, y la Lomce, una norma a la que Junta ha evitado declararse insumisa, pero está haciendo todo lo imposible para impedir, retrasar o minimizar su aplicación.