El Gobierno valenciano ha reducido un 60% las inversiones de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad en la provincia de Alicante en el año de la pandemia. En concreto, ha pasado de gastar 57 millones en año electoral a 22,5 al siguiente, según los datos de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana.
Estos datos se producen, además, en un contexto en el que la Generalitat ha aumentado considerablemente las licitaciones del departamento que dirige Arcadi España: de los 149 millones en 2019 se pasó a 234 en 2020, lo que supone un 57% más.
A pesar de esto, Alicante dejó de recibir 34,5 millones entre los dos ejercicios, por lo que su representación en el importe global pasó de un 38% (un porcentaje acorde a su población) a solo el 9,6%. La diferencia entre las dos partidas es de un 60%.
Desglose
La lista de licitaciones está dividida además en dos apartados: el de FGV, en el que se incluye Metro Valencia y el Tram de Alicante, y el resto de obras.
En 2019 Alicante sí cuenta con una proyección destacada en el apartado de FGV, acaparando 51 de los 101,2 millones totales (el 50%). Solo las actuaciones en las líneas del Tram de Dénia y Gata de Gorgos se llevan 37 millones.
La presencia en las demás licitaciones no ferroviarias es muy escasa (seis millones de 47,8, un 6%), pero en el montante global se lleva 57 millones, el 38% del presupuesto de la Conselleria.
El gran cambio se produce al año siguiente, en el que las licitaciones de FGV se desploman hasta los dos millones de un total de 96,7 (el 2%). Pero es que en el resto de trabajos Alicante solo recibe 20,5 millones de 137,3, apenas el 15%.
Esto eleva la cifra global a 22,5 millones, ni un 10% del presupuesto de la Conselleria durante el año de la pandemia.
Maltrato a Alicante
Estas cifras contrastan con las declaraciones del conseller Arcadi España en el Foro Alicante en enero de 2020, en el que reconoció la necesidad de paliar un déficit histórico en infraestructuras.
La provincia de Alicante tiene una población censada de 1,8 millones de personas, el 36% de las 4,9 que tiene la Comunidad Valenciana.
La falta de esfuerzo inversor en la provincia es una reivindicación clásica de la sociedad civil alicantina y de sus patronales. Así, el lobby Ineca recordó a principios de mes la "debilidad en la inversión pública crónicamente deficitaria en Alicante", algo que puede ir a más si se consuma el recorte en el Tajo-Segura.