Multa de 800 euros para un putero valenciano que fue a denunciar un mal servicio

Un hombre ha sido multado con 800 euros por la Policía Local de Albal, en la Comunidad Valenciana, tras acudir a denunciar que una prostituta que había contratado no había completado sus servicios. Se trata del primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública.

Cuando el hombre acudió a la Policía a realizar su queja, los agentes le informaron de que el municipio dispone desde 2021 de una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros, según informan fuentes municipales en un comunicado donde califican al multado como "putero".

Albal ha sido pionera, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas. El asesinato de la joven Florina, desaparecida en el municipio el pasado año, provocó una reacción contundente de la localidad a la que se sumaron en cadena los ayuntamientos afectados por este problema situados a lo largo de la autovía V-31.

El movimiento ha contado con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de la Generalitat Valenciana para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales.

Florina no era la primera víctima, ya que en 2004 otra joven apareció muerta con un disparo en el pecho, justo en el mismo lugar donde se vio a Florina con vida por última vez.

En aquella primera ocasión el consistorio cubrió los gastos de su sepultura y sus restos descansan en el cementerio municipal.

A raíz de todo esto, el consistorio dio un paso más con la modificación de la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno incrementando las multas a los "puteros" e incluyendo a los proxenetas.

Así, aumentó de 750 a 800 euros las sanciones máximas, consideró a las prostitutas víctimas de explotación y prohibió la publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual con multas de 350 euros, como puede ser la colocación en los parachoques o ventanillas de los vehículos de tarjetas de prostíbulos.

"Una amenaza a la democracia"

Para el alcalde de Albal, Ramón Marí, los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto "una amenaza a la democracia" y por este motivo "tratamos de contribuir, desde Albal, en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones".

Albal también aprobó la adhesión a la red de municipios contra la trata de mujeres y niñas y elevó la invitación tanto a la Mancomunitat de l’Horta Sud como al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y "acabar con los puteros".

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha apoyado a Albal en esta "cruzada" contra la prostitución y, a la vez que apremiaba a sus 20 municipios a sumarse a la red de municipios libres de trata y prostitución, también propuso impulsar campañas de concienciación y una mayor coordinación de las policías locales para aumentar el control sobre los proxenetas.

En esta línea, hace unos meses 27 agentes de las policías locales de los municipios de la comarca participaron en una formación sobre prostitución y explotación sexual en la Comunitat Valenciana organizada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).