Las oposiciones bajo sospecha de la Policía Local de Alicante: por qué es muy difícil que tengan castigo

La polémica en las oposiciones a Policía de Alicante, en la que 60 de los 92 candidatos tenían algún tipo de vínculo con agentes, políticos o contratistas municipales, ha vuelto a poner en primer plano una situación que afecta a muchos ayuntamientos de la geografía valenciana: la falta de confianza en procesos selectivos relacionados con la función pública. Hasta el punto de una de cada cuatro denuncias que se hicieron en la Agencia Antifraude en 2021 tiene que ver con oposiciones a la Policía Local.

¿Existe limpieza en unas oposiciones en las que existen unos vínculos tan claros con personas con responsabilidades en el cuerpo o en la Administración? ¿Tiene alguna solución? Para responder a estas preguntas hay que entender primero que existe un problema punitivo con las oposiciones amañadas. La propia Agencia Antifraude valenciana lamentó esta semana que no exista un encaje en el Código Penal para estas actitudes pese a ser "extremadamente dañinas" para la Administración.

Por ese motivo estas denuncias tienen todos los números para acabar en nada, incluso si llegan a los tribunales. Un ejemplo muy reciente -y muy ilustrativo- se dio en las oposiciones al cuerpo en Benidorm: un agente tenía las preguntas antes del examen, algo que quedó acreditado en el juicio. Pero no se pudo demostrar que el técnico municipal "ni ninguna otra persona que tenga la condición de funcionario" facilitase al agente "las respuestas del examen antes de su realización". El resultado: absolución por falta de culpables.

Ante este tipo de situaciones la única defensa posible es "aplicar con rigor" los mecanismos que contempla la ley de Función Pública ante conductas que "vulneran de forma grave principios constitucionales", según Antifraude. Pero siempre queda la duda que, además, provoca un doble daño: tanto para el ciudadano, que acaba perdiendo su confianza en la Administración, como para el opositor que se ha sacado su plaza limpiamente, tenga o no algún tipo de vinculación con agentes o cargos públicos.

El caso de Alicante

Así las cosas, ¿qué recorrido puede tener la comisión de investigación que aprobó el pleno de Alicante el pasado jueves? Pues lo cierto es que muy poco. Se puede limitar a revisar la composición del tribunal y las preguntas del examen, pero para destapar las irregularidades debe de quedar acreditado que los candidatos tenían las preguntas del examen y, lo que es más complicado, quién se las pudo facilitar.

Existe, por supuesto, la cuestión estética. Pero todos los hechos que relacionan a los aprobados con un presunto amaño necesitan ir más allá de la relación de consanguinidad o de amistad. El alcalde, Luis Barcala, ha solicitado un informe para determinar la posibilidad de anular las oposiciones, pero de llevarse a cabo es muy probable que se tope con recursos de los sindicatos del Ayuntamiento.

Otro de los problemas es que, como ha recordado el equipo de Gobierno, la única denuncia contra las oposiciones se ha hecho en los medios. Nadie ha recurrido el proceso ni acudido a los tribunales. Por lo tanto, la única responsabilidad que existe ahora mismo es la política. E, independientemente del resultado, el daño a la imagen del proceso selectivo ya está hecho.

¿Qué garantías se pueden dar de que esto no vuelva a pasar? Antifraude ha propuesto a la Generalitat cambiar el sistema e imitar el implantado en el País Vasco, en el que un tribunal designado desde la Administración autonómica controla los procesos de todos los ayuntamientos.

Eso restaría el sesgo local, aunque tampoco eliminaría de raíz el problema. Al fin y al cabo, algunos de los candidatos que aprueban las oposiciones también tienen vinculaciones familiares con políticos del Gobierno valenciano o incluso de las Cortes. Pero al menos supone dotar de una cierta uniformidad a unos procesos que, hoy por hoy, se caracterizan por ser cualquier cosa menos constantes.