El problema de la oferta turística descontrolada en destinos tradicionales del sol y playa español se ha acentuado con los años de bonanza turística, hasta convertir al alojamiento alegal en el mayoritario en algunos puntos como la ciudad de Alicante. 

Según los datos comparados de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur) y las pernoctaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), aproximadamente el 40% de los extranjeros que llega a España pernocta en alojamientos no reglados. Patronales como la de Benidorm (Hosbec) elevan ese porcentaje en el caso del mercado nacional, al asegurar que muchos españoles lo contemplan como "la primera opción" cuando planifican sus vacaciones. 

La Comunidad Valenciana ha lanzado varias campañas para tratar de acabar con el alojamiento sin reglar, incluso endureciendo las multas hasta los 600.000 euros en el caso de las infracciones muy graves. Hace unos meses el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, anunció que para 2022 se doblaría el personal destinado a inspecciones en la provincia de Alicante, con cinco trabajadores nuevos. 

Sin embargo, lo cierto es que los recursos siguen siendo escasos, teniendo en cuenta el volumen de alojamiento que existe. Un total de 5.276 nuevas viviendas turísticas se registraron en la Comunidad Valenciana en 2021, la mayor parte (3.608, un 68%) en la provincia de Alicante. 910 se dieron de alta en Valencia (17%) y 758 Castellón (15%).  

Todos los turistas que hagan noche en este tipo de alojamiento quedarán exentos de pagar la llamada tasa turística valenciana, un impuesto que los partidos del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) quieren poner en marcha a partir de 2024.

En el texto de la norma solo se contempla el gravar a los usuarios de hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y cruceros, por lo que se da la paradoja de que en algunos destinos la mayor parte del turismo vacacional no tendrá que abonar nada. Es más: los propios empadronados en la Comunidad Valenciana que hagan noche en la región tendrán que pagar, tal como informó EL ESPAÑOL.

Un texto sin consensuar

Vacíos legales como el del alojamiento sin reglar ha servido a los empresarios para cargar contra el diseño del nuevo tributo, que todo parece indicar que se aprobará sin consenso. Patronales, asociaciones de consumidores e incluso el propio secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, se han manifestado en contra de la tasa, lo que no ha impedido a los tres partidos activar el contador de la marcha atrás. 

En Hosbec, su secretaria general, Nuria Montes, critica que el tributo grava "precisamente las actividades que generan empleo y pagan impuestos", algo que "las que no están regladas no pueden hacer". "El diseño de la tasa favorece el alojamiento alegal cuando las administraciones tendrían que estar peleando por erradicarlo".  

Todo esto, aseguran fuentes empresariales, "restará competitividad al destino en un momento clave: con los precios al alza por la inflación y el aumento de costes de suministros y la energía", y "tras salir de una pandemia que ha dejado a cero el negocio turístico durante casi dos años". 

Otra de las incógnitas es el formato que tendrá la tasa turística para saber quién lo tendrá que aplicar. En el borrador que se conoce hasta ahora se trata de un impuesto de ámbito autonómico, aunque con su tramo bonificado al 100%. Por lo tanto, depende de cada municipio el activarlo, y de los más turísticos solo Valencia, gobernado por Compromís, se ha pronunciado a favor de su implantación.