El exedil de Comercio, Juan Zaragoza, entrando en el juzgado. EFE
Caso Isjoma: "El concejal me dijo que los técnicos habían redactado el pliego de la firma ganadora"
El empresario José Antonio Alavés declara en el juzgado que el edil de Comercio reconoció que el contrato estaba amañado.
22 septiembre, 2022 19:23El empresario José Antonio Alavés, responsable de Montajes Alavés, ha mantenido en la Audiencia Provincial que presentó una denuncia en Fiscalía sobre las supuestas anomalías en la adjudicación de la contrata de montaje de escenarios para actos festivos en Alicante porque el exconcejal de Hacienda, Juan Zaragoza, le dijo en una reunión que la oferta de Isjoma, la beneficiaria, había sido redactada por dos técnicos municipales.
Durante su declaración este jueves en la Audiencia Provincial por un presunto amaño de la contrata de montaje de escenarios para actos festivos y culturales del Ayuntamiento de Alicante en 2008, Alavés ha afirmado que Zaragoza le dijo que el jefe del área de Servicios (de la que dependía el contrato), Víctor López (encausado hasta su fallecimiento este año), había redactado la oferta técnica y un técnico de Comercio, la administrativa.
Asimismo, en su declaración en calidad de testigo, ha sostenido que en esa reunión, Zaragoza le planteó a él y a su padre "la posibilidad de pactar" con Isjoma, después de que se hubiese producido la apertura de los sobres que contenían la oferta económica en el proceso de licitación, cuando ya se sabía que la propuesta de Alavés era 960.000 euros más económica que la presentada por Isjoma.
De igual modo, ha apuntado que, en una fecha posterior, Zaragoza le llamó para que acudiese a la puerta del Ayuntamiento y, entonces, le entregó "el informe de ponderación de las propuestas técnicas" elaborado por el jefe de Servicios, en el que se concedía la máxima puntuación a la oferta de Isjoma.
Según ha explicado ante el tribunal, ese informe se le notificó días después, como parte del desarrollo del concurso.
Del mismo modo, ha sostenido que tras esos encuentros y después de conocer el informe, llamó a Zaragoza para mantener una nueva reunión, esta vez en la tienda de muebles regentada por su padre, que quedó grabada por una agencia de detectives y que fue la que entregó a la Fiscalía para que dilucidase sobre la existencia de supuestas irregularidades.
Además, ha explicado que también mantuvo una comida con el exconcejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, también procesado, para advertirle sobre las deficiencias en materia de seguridad en el montaje de escenarios que estaba desempeñando Isjoma desde 2003 y explicarle que su propuesta era mejor.
Con idéntico fin, según ha relatado, también solicitó una reunión con la exalcaldesa, Sonia Castedo, que se produjo justo el día en el que se preveía aprobar la adjudicación definitiva del contrato a Isjoma en Junta de Gobierno para explicarle que su propuesta técnica era mejor que la de Isjoma y que se iba a cometer una injusticia.
En este sentido, ha tratado de justificar su proceder al asegurar que "solo quería que algún otro técnico revisase las propuestas, porque estábamos seguros de que nuestra oferta era mejor".
"No entendí por qué se miraba hacia otro lado y no se hizo nada", ha explicado, por lo que, además de presentar la denuncia en Fiscalía, decidió recurrir la adjudicación en la vía contencioso-administrativa hasta que "conseguimos que siete años después el TSJ nos diese la razón y acordase que se nos concediese una indemnización de 330.000 euros".
Acusados y penas
La causa se sigue contra Llorens, Zaragoza, el responsable de Isjoma y dos técnicos municipales y en ella se dirime la existencia de un presunto amaño en la adjudicación del contrato de montaje de infraestructuras festivas en favor de Isjoma, que ya venía desempeñando el servicio en el contrato precedente, desde 2003.
También se dirimirá si pudo existir un supuesto fraccionamiento de contratos por el encargo de otros servicios por cuantías menores al margen de la contrata.
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de prisión para Llorens por un delito de prevaricación, en concurso con un delito continuado de fraude a la administración; para Zaragoza, pide un año de privación de libertad por un delito de revelación de secretos y, además, demanda dos años de internamiento para el jefe de talleres y un año y seis meses para el representante de Isjoma.
El juicio prosigue la próxima semana con la práctica de la prueba. Su finalización está prevista para el jueves, día 26.
