La Audiencia provincial de Alicante, en una imagen de archivo.
Piden más de 4 años de cárcel para un administrador de fincas de Orihuela por quedarse con 87.000 euros
El acusado sacó presuntamente varias cantidades dinero de las cuentas de los vecinos entre 2007 y 2008 sin que se correspondieran con gastos de los afectados.
25 marzo, 2024 12:10La fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel para un administrador de fincas acusado de apropiarse indebidamente de más de 87.000 euros de una comunidad de vecinos en la costa de Orihuela.
En el juicio por estos hechos, que arranca este lunes a las 9.30 horas en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, también se piden cuatro años y dos meses de prisión para el presidente de la comunidad en calidad de cooperador necesario ya que se considera que permitió los hechos.
Según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), los hechos sucedieron entre los años 2007 y 2008 cuando el administrador de fincas, presuntamente, sacó varias cantidades dinero de las cuentas de los vecinos, sin que se correspondieran con gastos de los afectados.
[Cae una banda con conexión en Alicante dedicada al blanqueo de capitales relacionados con el juego]
Respecto del presidente vecinal, la acusación pública mantiene que consintió las operaciones realizadas y que, incluso, autorizó la subida de los honorarios del administrador.
Blanqueo de capitales
Por otra parte, el pasado mes de enero, agentes de la Guardia Civil han detenido a tres personas e investigado a otras ocho por pertenencia a organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedente de juego irregular. Se les atribuye la comisión de delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, delito contra la hacienda pública, estafa y usurpación de identidades.
La investigación arrancó en 2019 cuando se detectaron una serie de transferencias bancarias sospechosas realizadas por hasta 12 individuos. Fue ahí cuando se descubrió que el grupo podría llegar a estar moviendo hasta 2,5 millones de euros por distintos países europeos utilizando para ello más de 2.000 tarjetas bancarias.
El modus operandi consistía en contratar estas tarjetas bancarias virtuales usando, para ello, la identidad de hasta 1.500 personas residentes en Sudamérica. El entramado transfería dinero y desde esas cuentas se enviaban en pequeñas cantidades a distintas casas de apuestas de Gibraltar y Malta.
En estos paraísos fiscales recibían en las tarjetas cantidades superiores ganadas, en teoría, en estos comercios de juego online. Y era así como conseguían "colocar" el dinero en otras cuentas de la organización.
Los autores, por su parte, apenas tenían actividad en las casas de apuestas. Se encargaban de volcar sus premios en las tarjetas virtuales de los investigados, consiguiendo así enmascarar y eludir los controles que las entidades de juego tienen para detectar el blanqueo de capitales.
