El Ejecutivo de Carlos Mazón ya cuenta con un primer borrador de la futura Ley de Señas de Identidad de la Comunitat Valenciana, una de las promesas del PP en la campaña electoral de mayo de 2023 y uno de los primeros 50 acuerdos firmados con Vox para la investidura. De hecho, fuentes del Consell aseguran que aunque no ha podido entrar en las Cortes dentro de la primera batería de leyes hasta el verano, el objetivo es trabajar para el reinicio de sesiones. "Lo que está claro es que se aprobará antes del fin de la legislatura", expresaron esas mismas fuentes.

La línea política trazada a este respecto es muy clara, tal y como lo expresó ayer el propio Mazón en el transcurso de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en la que se debatió el impacto autonómico de la Ley de Amnistía y el futuro de la España de las autonomías.

Mazón recordó que el nombre estatutario de nuestro territorio es "Comunitat Valenciana" y "está en todos la obligación de respetarlo si es que quieren que respetemos también su Estatut", por el catalán. Asimismo, indicó "a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana ni se les trolea, ni se les humilla". Haciendo especial hincapié en que el término "Països Catalans" utilizado por los separatistas "ni ha existido, ni existe ni existirá". 

[Carlos Mazón presenta el proyecto de una ley de señas de identidad para potenciar "el orgullo de ser valenciano"]

En los acuerdos con Vox este razonamiento político fue el tercero de un total de cincuenta. Y se enunciaba así: "Aprobaremos una Ley de Señas de Identidad que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunidad Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España. Por ello, eliminaremos las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los Països Catalans.

Es más, esta Ley de Señas de identidad está entroncada con dos de las cinco leyes que se quieren aprobar en las Cortes Valencianas antes del verano. Sobre todo, con la Ley de Libertad Educativa que sustituye a la del Plurilingüismo de los gobiernos de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) permitiendo la elección de la lengua vehicular de los niños por parte de sus padres. 

Y también con la Ley de Concordia que pretende aumentar los derechos de las víctimas apelando también a quienes sufrieron la violencia política de Independentistas como ETA, ya que en la Comunitat Valenciana hay 11 víctimas de independentismo vasco cuyos casos no están resueltos.

[El Gobierno estudia recurrir al Constitucional las nuevas leyes de Concordia y de Libertad Educativa de Mazón]

También, colateralmente, en el debate sobre la Ley sobre la elección de los dirigentes de la radiotelevisión valenciana À Punt, el Consell de Mazón quiere trazar una línea política diferente a la mantenida hasta ahora, ya que se demuestra que la exclusividad del valenciano en las emisiones del ente autonómico resta posibilidades de que este sea rentable.