En el municipio de Aspe (Alicante), la reciente quema de dos vehículos ha puesto el foco en una mafia que lleva actuando en la localidad desde hace al menos cinco años y que está atemorizando a los vecinos de lo que hasta hace muy poco era un tranquilo pueblo.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la quema, de manera intencionada, en la madrugada de este martes, del vehículo del concejal de Seguridad, José Vicente Pérez. Un suceso que se suma al incendio provocado contra la furgoneta del padre del alcalde, Antonio Puerto, como venganza por cerrar una nave donde se organizaban peleas de gallos y donde se decomisaron drogas, armas y dinero de apuestas.

Los llamativos incidentes son los últimos delitos de una mafia "que viene de lejos", lamenta el regidor, quien añade que se trata de una organización criminal "que va más allá de una banda de chavales".

Los delincuentes son vecinos de Aspe que se han dedicado a captar jóvenes para enriquecerse con la venta de cocaína. "Cualquier chaval que entra en esta red queda atrapado, enganchado con drogas. Y cuando intentan salir, ellos y sus familias sufren daños y amenazas", afirma Puerto.

"Conozco casos de jóvenes que querían desintoxicarse y no les dejaban salir de la organización. Esto se ha denunciado, porque tienen a muchos jóvenes y a sus familias rotas por la droga", apunta el alcalde.

La violencia de los narcotraficantes llega hasta el punto de amenazar de muerte y extorsionar a los jóvenes que buscan salir de sus garras, pidiéndoles dinero y dañando propiedades de sus familias si no les pagan la cantidad que les exigen.

La extorsión

El alcalde afirma que lleva años escuchando de boca de sus propios vecinos las fechorías que cometen los miembros de la mafia. "Tengo constancia de que se han presentado en las empresas de los familiares de los jóvenes que querían salir a pedirles una cantidad, y si no pagaban, les pedían el doble al día siguiente", sostiene.

Ante las recientes quemas de los vehículos, Puerto asegura que no tienen miedo, pero sí "preocupación" por la rápida subida de la criminalidad. "Van contra nosotros porque les estamos plantando cara, pero también atacan a gente trabajadora", manifiesta.

Él mismo cuenta cómo actúan estos delincuentes: "Además de quemar la furgoneta, han llegado a presentarse en persona donde estaba cenando e incluso a perseguirnos, y me han hecho amenazas directas e indirectas de muerte a través de WhatsApp y llamadas telefónicas".

Piden refuerzos

Para frenar la escalada de violencia, han hecho un llamamiento a la Subdelegación del Gobierno en Alicante para pedir que se refuerce la seguridad en el municipio, porque "hay policías municipales y guardias civiles para cubrir un nivel normal de delincuencia, pero esto requiere de medidas específicas".

"De momento, no hemos recibido ninguna respuesta. Podemos acelerar y perseguir, pero el alcalde y el gobierno municipal no pueden actuar solos en este ámbito. Necesitamos que todos rememos en la misma dirección", advierte.

Uno de los principales problemas que comenta el responsable, aparte de la falta de efectivos, es que la legislación española es muy laxa contra el tráfico de drogas, por lo que muchos de los jóvenes a los que se les ha detenido en operaciones para cerrar puntos de venta han vuelto a la calle y reincidido.

Más cámaras

Ante la demora de refuerzos, desde la localidad se han instalado "96 cámaras que controlan casi todos los movimientos en la población. De hecho, estamos revisando todas las cámaras para identificar movimientos durante el horario en que presuntamente se produjo el incendio al concejal".

El lado positivo es que todo el pueblo se ha unido para erradicar esta mafia de sus calles. Prueba de ello fue una multitudinaria concentración convocada en julio contra las drogas y las amenazas, a la que asistieron más de un millar de personas y representantes políticos de todos los colores, incluidos de otros municipios de la provincia. Una manifestación que hubiera sido "mucho más numerosa si la gente no tuviera tanto miedo", concluye Puerto.