¿Qué hay detrás de la protestas contra Mazón en Alicante? Escola Valenciana ha perdido el 92,5% de su subvención

Hasta 28 asociaciones, sindicatos y partidos políticos están convocando manifestaciones con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, desde la DANA en la Huerta Sur de Valencia del pasado mes de noviembre. La última fue el 29 de diciembre, y a la cabeza de los organizadores se sitúa Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y La Cívica-Escola Valenciana, con fines asociativos culturales o lingüísticos supuestamente alejados de la política.

De hecho, La Cívica-Escola Valenciana y ACPV, es quien coordina la información que se distribuye a los medios sobre estas protestas en la provincia de Alicante a través de Ismael Vicedo y Marianela García. No Compromís, ni Podemos, ni Sumar ni los diferentes partidos comunistas adscritos a la organización de las protestas. 

Y aunque resalta la falta de coherencia entre los fines asociativos y la movilización eminentemente partidista -como el estudio, la defensa y la promoción del patrimonio cultural, artístico y natural del País Valenciano en el caso de ACPV o la normalización del valenciano en la educación, los medios y la administración de La Cívica-Escola Valenciana-, también destaca el hecho que se trata de asociaciones subvencionadas por la izquierda cuando gobernaba que ahora han reducido su financiación.

[Decenas de miles de personas marchan contra Mazón en la tercera manifestación por la gestión de la DANA]

De este modo, por ejemplo, La Cívica-Escola Valenciana que durante los pasados mandatos de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) que fue uno de los mayores aparatos propagandistas de la Ley de Plurilingüismo derogada por Mazón, fue regada de dinero público por el Gobierno Botánico.

En 2021 recibieron 99.805 euros; en 2022, 117.009 euros; y en 2023 118.900 euros. Sin embargo, en el primer año completo de la legislatura de Carlos Mazón (PP), la asociación solo ha recibido de las arcas autonómicas 8.960 euros para sus actividades, un 92,5% menos que con Puig.

Y lo mismo sucede con ACPV, que en 2021 recibió 57.223 euros; en 2022 un total de 42.799 euros y en 2023 duplicó esa cantidad hasta los 105.659 euros. No obstante, en 2024 el Gobierno de Mazón tan solo ha financiado 10.623 euros para sus actividades, casi un 90% menos que el de Puig.

Solo en este contexto puede entenderse el activismo "en solidaridad con las personas afectadas" de este tipo de asociaciones exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat mientras obvian las responsabilidades del Gobierno central, y en concreto del Ministerio para la Transición Ecológica y su organismo Confederación Hidrográfica del Júcar, en los catastróficos sucesos del pasado 29 de noviembre en Valencia.