El alcalde de San Vicente mantiene, de momento, al edil del PSOE señalado por Fiscalía

Pese a que tiene competencias para hacerlo y pese a que lo ha hecho anteriormente con otros regidores, el alcalde de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, prefiere de momento no mover ficha con respecto al concejal señalado por Fiscalía a la espera del desarrollo de los acontecimientos en el que es ya el último capítulo de un largo serial de polémicas que afectan al PSPV de la localidad. 

Se trata del edil de Contratación, Guillermo García quien, junto a otros cinco cargos del partido, ha sido citado a declarar por la Fiscalía Provincial tras una denuncia de un militante, afirmaba Alicante Plaza, para responder a un posible delito en la filtración de documentos sensibles. Se refiere el ministerio público a los expedientes urbanísticos o información relacionada con la mesa de contratación que se compartía en uno de los grupos de Whatsapp paralelos al alcalde donde, además, se insultaba al primer edil y a funcionarios. 

Por este -y otros asuntos que van de la mano- ya cayeron otros de los citados a declarar, como los exconcejales José Luis Lorenzo y Javier Árenas o la secretaria general de Joves Socialistes de la localidad, Ana López Tárrega, quien fue cesada por el alcalde como jefa de prensa. También tendrán que responder ante la Justicia el histórico militante y exregidor, José Gadea, y la asesora del grupo socialista Verónica García. 

Cabe recordar que para estos cuatro militantes socialistas, el PSPV ha elevado un expediente muy duro a Ferraz, cuyo órgano disciplinario deberá determinar si los expulsa del partido, como pide Valencia por, entre otras imputaciones, haber menoscabado la imagen pública del PSOE y del alcalde. 

Asimismo, para el concejal de Contratación, Guillermo García García, así como para los ediles Lucía Rubio Escudero, Isabel Candela Navarro, y Pilar Alcolea Ríos, el PSPV propone sanción "grave", lo que acarrearía su expulsión del partido de manera temporal (entre 4 y 18 meses). Preguntado al propio Villar, prefiere esperar a que reciban la citación judicial para tomar una decisión. 

PP y Cs piden su cabeza

El PP de la localidad ha recordado que fue su formación provincial la que instó desde que un primer momento a la fiscalía a investigar de oficio estos hechos, cuando se tuvo conocimiento a través de las publicaciones reveladas en los medios de
comunicación sobre conversaciones en grupos de Whatsapp.

El portavoz del PP Óscar Lillo explicó este lunes que “pleno tras pleno hemos venido reivindicado y recordando que concejales que habían participado en esos grupos de Whatsapp seguían ejerciendo sus competencias en el pleno. Ahora es fiscalía la que llama declarar, “pero echamos en falta, eso sí, que no llame a declarar también al alcalde como máximo responsable de este ayuntamiento y como persona que lleva tanto tiempo consintiendo estos hechos". 

Según Lillo, Villar era conocedor de los mismos, sostiene el PP en base a las declaraciones de su portavoz, Asunción París, la pasada semana en un medio local”. El PP también denuncia el silencio de los socios de gobierno del PSOE: "Vuelve a sorprendernos la actitud de Esquerra Unida, a la que no hemos oído todavía pronunciarse al respecto”.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pachi Pascual, exigió este lunes al alcalde Villar que aparte de sus competencias como concejal de Contratación a Guillermo García. "No puede continuar ejerciendo como tal mientras la Fiscalía investiga la presunta comisión de varios delitos relacionados precisamente con la filtración de documentos confidenciales referentes a mesas de contratación, licitaciones de contratos o información urbanística que se compartían en estos grupos paralelos en los que él participaba junto a otros concejales”.

Pachi Pascual ha lamentado que “haya tenido que ser la Fiscalía a iniciativa de un particular quien haya dado este paso y no lo haya hecho el alcalde, Jesús Villar, tal y como le venimos pidiendo desde Ciudadanos desde el primer momento, dado que es el Ayuntamiento y sus funcionarios los principales perjudicados en este asunto, y cuando él tenía a su disposición a los servicios técnicos y jurídicos municipales para llevar la iniciativa”.