La Fiscalía Anticorrupción medita opciones para plantear un posible recurso de casación frente a la sentencia dictada por la Audiencia, en la que se confirmaron anomalías en la adjudicación de las obras del Plan E de Alicante, pero se absolvía al concejal de Atención Urbana en el momento el que se produjeron esas contrataciones -entre 2008 y 2010-, Andrés Llorens (PP).

Por el contrario, la sentencia sí condenó al extécnico municipal de Atención Urbana José Lidón y al responsable de la constructora adjudicataria de esas obras, Becsa, Juan Manuel Valdivieso, en concepto de inductores de un delito de continuado de prevaricación.

En esa resolución, el tribunal estimaba que Lidón se concertó con Valdivieso para que fuese él o personal de su empresa quien elaborase la redacción de los proyectos que después salieron a licitación, con lo que partía con una situación aventajada en el proceso.

Se trataba de diversas obras de reurbanización de la ciudad y de instalación de contenedores soterrados por un valor próximo a los 7,3 millones, según la Fiscalía.

Así, la sentencia imponía a Lidón una pena de 4 años y tres meses de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público que implique ejercicio de técnico en el ámbito de la Administración Local, mientras que a Valdivieso se le condenaba a dos años, un mes y quince días.

Al tiempo, el fallo también absolvía al cuarto de los procesados en la causa, el responsable de la constructora CCM a la que se le subcontrataron parte de los trabajos, Javier Álvarez.

Para el tribunal, Llorens, muy unido a la exalcaldesa Sonia Castedo durante su última etapa de gobierno, "no sabía que los proyectos de obra hubieran sido realizados por persona ajena al personal de la Concejalía de Atención Urbana", por lo que la sentencia no apreciaba la existencia del delito que le atribuía tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por la exconcejal socialista Carmen Sánchez Brufal.

Por lo pronto, al margen de la posibilidad de la interposición de ese recurso, la Fiscalía ha presentado un escrito de rectificación de error material y complemento de sentencia por el que solicita que el tribunal que enjuició los hechos rectifique la apreciación formulada respecto a su petición de compensación económica en concepto de responsabilidad civil por el perjuicio ocasionado al Ayuntamiento de Alicante.

En concreto, la Fiscalía señala que en la sentencia se mantiene el importe inicial de 1,2 millones que se planteó en el escrito de acusación inicial y que fue modificado en la presentación del informe de conclusiones definitivas hasta rebajarlo a los 394.997 euros, "equivalente al beneficio industrial de los contratos ilícitamente obtenidos", según se hacía constar en ese informe final.

En segundo término, la Fiscalía solicita que el tribunal se pronuncie precisamente sobre el decomiso de esa cantidad, en respuesta a la solicitud planteada de forma subsidiaria también a través de ese escrito de conclusiones definitivas, en el caso de que la sala estimase "improcedente la condena por la responsabilidad civil solicitada", como así sucedió.

En este sentido, la Fiscalía emplaza ahora al tribunal a "resolver de forma expresa sobre la procedencia o no del decomiso del beneficio industrial obtenido por las adjudicaciones contractuales que la propia sala considera ilegales" en su sentencia del pasado 22 de febrero.