La defensa de la funcionaria del Ayuntamiento de Alicante enjuiciada por quedarse 118 euros de la recaudación de las entradas al ascensor del Castillo de Santa Bárbara ha reivindicado su inocencia este miércoles y ha sostenido que la acusación se sustenta en "chismes".

En esta línea, ha sostenido que la instrucción de la causa se basó en la versión de otros dos funcionarios que mantenían cierta "inquina" con respecto a la procesada en el contexto de un proceso en el que se iban a celebrar oposiciones para optar a una plaza fija de conserje, a la que iba a concurrir la acusada, dada su condición de trabajadora interina, informa Efe.

El abogado defensor, Guillermo Laureiro, también ha incidido en que el expediente de averiguación de hechos instruido por la Concejalía de Recursos Humanos adolecía de presuntas irregularidades, en la medida en que se tramitó un año después de que transcurriesen los hechos. Y además sin que constase la firma de reconocimiento de la acusada, que no llegó a producirse en ningún momento, según ha explicado, a pesar de que el informe remitido a la Fiscalía en su momento sí apuntaba que la funcionaria había admitido los hechos.

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De igual modo, ha incidido en que no existe "ninguna prueba" que permita demostrar "unos hechos que no se produjeron". Incluso ha sostenido que los 15 entradas que supuestamente se habría quedado la acusada con la intención de revenderlos, sin rasgarlos como suele ser habitual, sí estarían cortados.

Por último, también ha incidido en que no existiría el delito de malversación de caudales públicos que apunta la Fiscalía, ni el de administración desleal, que sostiene el letrado que representa al Ayuntamiento de Alicante, en la medida en que "el dinero recaudado por la venta de vales no es dinero público sino que es dinero de cada turista".

De acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos objeto de juicio ante un jurado de la Audiencia Provincial tuvieron lugar entre los meses de febrero y marzo de 2020, antes de que se decretase el confinamiento por la pandemia de la Covid-19.

La acusación pública apunta que la acusada, que ejercía como auxiliar en el control de acceso al elevador del Castillo de Santa Bárbara, se quedaba con los billetes expedidos por la máquina de venta de entradas al ascensor para, después, revenderlos a otros turistas con el propósito de apropiarse con el rédito obtenido.

En esta línea, considera a la procesada autora de un delito de malversación de caudales públicos por el que solicita inicialmente la pena de quince meses de prisión, con accesoria de inhabilitación para cargo y empleo público durante dos años, además de pena de multa de seis meses con cuota diaria de 6 euros.

Por su parte, el letrado del Ayuntamiento considera a la acusada autora de un delito de administración desleal por el que demanda una condena de entre uno y tres meses de multa. El juicio prosigue el jueves 30, con la declaración de la acusada, y la práctica de toda la prueba mientras que la deliberación del jurado está previsto que arranque el viernes.