Alicante ha mostrado su negativa frente a la intención del Gobierno que preside Pedro Sánchez de aprobar una especie de ‘cupo vasco’ para Cataluña debido al impacto negativo que tendría en la redistribución justa de la riqueza entre todas las Comunidades Autónomas y en la economía de las provincias más infrafinanciadas, como en el caso de Alicante.

La declaración institucional, impulsada por el grupo Popular ante el Pleno municipal de junio, reclama además una revisión del actual sistema de financiación autonómica en todo el territorio y solicita una atención especial para Alicante ante la infrafinanciación que sufre cumpliendo el tercer año siendo la última provincia en inversiones en los presupuestos generales del Estado.

El concejal de Economía y Hacienda, Toni Gallego, ha exigido al Gobierno de España “una revisión del actual sistema de financiación autonómica para garanlizar una distribución justa de los recursos públicos, que refleje las necesidades reales de cada provincia y asegure que ninguna sea privilegiada por motivos exclusivamente políticos”. “Solo actualizando la financiación autonómica, a la Comunidad Valenciana le corresponderían 1.200 millones más” ha apuntado.

“Solicitamos una atención especial a la situación financiera de la provincia de Alicante, con el fin de corregir la infrafinanciación crónica que sufre y asegurar que los impuestos pagados por nuestros ciudadanos se traduzcan en mejoras significativas en los servicios públicos y en el desarrollo económico local” ha subrayado la edil quien ha recordado que “Alicante sigue por tercer año consecutiva como la última provincia en inversiones consignadas en los Presupuestos Generales del Estado”.

La declaración ha sido aprobada por 17 votos a favor de PP (13) y Vox (4) y ha contado con 11 en contra de PSOE (8), Compromís (2) y EU-Podem.

En la declaración institucional se señala que “en las últimas semanas, hemos sido testigos de una propuesta del Gobierno Central para otorgar a Cataluña un régimen de financiación similar al denominado ‘Cupo Vasco’. Esta medida ha generado un profundo rechazo entre numerosos sectores políticos y sociales, y ha despertado una legítima preocupación entre los ciudadanos alicantinos debido al impacto negativo que puede tener sobre nuestra ya perjudicada situación económica. Es crucial recordar que Alicante es la provincia que menos inversión por habitantes tiene de España en los tres últimos ejercicios, y esta propuesta podría agravar aún más esta situación”.

“Esta decisión tendría un impacto negativo muy significativo en la economía de los alicantinos. La Comunidad Valenciana, y más acusadamente en la provincia de Alicante ya enfrenta una crónica infrafinanciación, y esta nueva medida únicamente sería para aumentar la disparidad en la distribución de los recursos públicos” añade el acuerdo.

Minuto de silencio

El Pleno ordinario de junio se ha iniciado guardando un minuto de silencio, como es habitual, en memoria de las víctimas de violencia de género y para condenar esta lacra social, minuto que se ha extendido en memoria del que fuera concejal de la Corporación municipal de Alicante, Vicente Echávarri, tras su reciente fallecimiento.

La Corporación ha acordado también a continuación la designación de la exjudoca alicantina y campeona olímpica Isabel Fernández Gutiérrez como miembro del Consejo Local de Deportes de la ciudad. Isabel Fernández cuenta en su haber la medalla de oro en las Olimpiadas de Sidney del año 2000 y actualmente ocupar la vicepresidencia primera del Comité Olímpico Español (COE), entre otros muchos logros y méritos deportivos conseguidos en su trayectoria profesional, entre otros sus cuatro participaciones olímpicas y sus cuatro medallas en Campeonatos del Mundo de Judo y 13 en los Europeos.

Libertad de expresión

El Pleno también ha manifestado en defensa de la libertad de expresión y el derecho a informar de los medios de comunicación, con la aprobación de una declaración institucional impulsada por el equipo de gobierno municipal, “como respuesta a las frecuentes descalificaciones vertidas por el Gobierno y a los tics autoritarios der presidente Pedro Sánchez contra periodistas y medios de comunicación que se limitan a publicar las actuaciones del Presidente y de su entorno”.

El acuerdo insta al Gobierno de España “a respetar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de los medios de comunicación a informar, garanlizando un entorno libre de intimidaciones y descarificaciones hacia los periodistas y medios críticos. Exigir al Gobierno de España que se abstenga de utilizar discursos intimidatorios y descalificadores contra los medios de comunicación y los periodistas, y que promueva un diálogo constructivo y respetuoso con todas las entidades mediáticas”. La declaración ha sido aprobada por 17 votos a favor de PP (13) y Vox (4) y 11 en contra de PSOE (8), Compromís (2) y EU-Podem.

Una Ebau más justa

El Pleno también ha aprobado sendas mociones impulsadas por los ‘populares’ instando al Gobierno de España a implemantar una nueva prueba de acceso a la universidad, hasta que se logre un consenso mayoritario con las Comunidades Autónomas para garantizar una Ebau más justa y equitativa estableciendo criterios homogéneos en todo el territorio nacional”. La declaración ha sido aprobada por 17 votos a favor de PP (13) y Vox (4) y 11 en contra de PSOE (8), Compromís (2) y EU-Podem.