Mazón anuncia un "otoño caliente" contra el cierre del grifo del trasvase y Puig apela al "diálogo"

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha calificado de “nuevo atropello” el Real Decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros por el que se modifican los parámetros de las reglas de explotación del Tajo-Segura. “Se trata del siguiente clavo en la mortaja del trasvase” ha sentenciado el presidente, quien ha apuntado que, con esta acción, “se consuma una de las decisiones más lesivas de la historia para la provincia de Alicante en el periodo democrático”.

“Desde la sinrazón del Consejo de Ministros, que ayer ratificó la peor de nuestras expectativas, hoy alzamos la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestros recursos y todas y cada una de las herramientas e instrumentos tanto jurídica, como política, social, mediática y organizativamente, de movilización y protestas”, ha asegurado el dirigente alicantino.

En este sentido, ha avanzado que ya se ha puesto en marcha “la maquinaria judicial, desde el asesoramiento técnico y jurídico de la Mesa Provincial del Agua, y los primeros informes están en manos de ASAJA y de los miembros de este órgano para poner interponer los recursos correspondientes”.

La Diputación emprenderá, junto a los regantes y agricultores alicantinos, acciones legales ante este Real Decreto que cambia la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura y que, entre otras disposiciones, establece reducir de 38 a 27 hectómetros cúbicos el trasvase mensual.

“No es una pataleta ni una defensa irracional de los derechos de una tierra, que por otro lado es justa, sino de datos de rigor científico y académico, más allá de los valores de solidaridad, justicia, ecología y de evitar el cambio climático que están saltando por los aires con la consumación de la decisión del Gobierno de España”.

"Ya no valen declaraciones ni palabras vacías que no se traducen en nada, ni decir que el trasvase es irrenunciable cuando cada día el partido Socialista renuncia a él. Hay una falta de peso político lamentable de los gobernantes de la Comunidad Valenciana ante el Gobierno de España y ante las direcciones de sus propios partidos”,  ha añadido.

Joaquín Melgarejo

Por su parte, Joaquín Melgarejo ha detallado las consecuencias ambientales y económicos que provocará esta medida. El también coordinador de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, asegura que “se ha aprobado este Real Decreto, en contra de las recomendaciones del CEDEX, y resulta injustificado, carente de motivación suficiente, inoportuno, extemporáneo y, por tanto, arbitrario, que es lo que consideramos con esta medida”.

Económicamente significa que habrá menos caudal para distribuir entre el sector agrario, tal como ha puntualizado, y que, por tanto, se deberá incrementar el agua desalinizada, situación que encarecerá el precio del agua, “pasando de 15 a 60 céntimos por cada m2 y que repercutirá en el coste ambiental, porque producir el agua desalinizada es cinco veces más cara debido a las emisiones de CO2”.

La Generalitat

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también ha anunciado recursos, asegurando que su Gobierno va trabajar en los próximos seis meses "intensamente" en el ámbito jurídico, técnico, de las alegaciones y del diálogo para que los regantes valencianos tengan garantizada "agua de calidad y a un precio razonable".

No obstante, ha alertado de que  no cuenten con el Gobierno valenciano "para guerras" del agua, porque ese "no es el camino", y ha asegurado que llegará "hasta donde haya que llegar" en defensa de "la racionalidad y un uso del agua inteligente, como se hace en la Comunitat Valenciana".

El presidente ha reiterado que para la Generalitat este trasvase es "absolutamente irrenunciable" y no puede limitarse hasta que no esté "garantizada un agua suficiente proveniente de otros ámbitos", pero es consciente de la situación de crisis climática y por ello buscará diálogo con el fin de que se pueda garantizar "agua para siempre" a los regantes valencianos.

Elche

El alcalde de Elche, Carlos González (PSOE), ha anunciado que encargará a los servicios jurídicos municipales alegaciones al Plan de Cuenca del Tajo en defensa del Trasvase Tajo-Segura después de que el Consejo de Ministros aprobara ayer un Real Decreto que modifica las reglas del acueducto. 

El regidor ilicitano ha mostrado su desacuerdo con la decisión y ha destacado que esta modificación afectará negativamente al sur de la provincia de Alicante, al campo ilicitano y a la Vega Baja.“Se ha hecho una reducción sustancial y nuestro objetivo es que se llegue a los seis metros cúbicos que es lo que garantizará el caudal ecológico del Tajo y las posibilidades del Trasvase”, ha concluido González.

La patronal

El presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), Juan José Sellés, ha reclamado medidas contundentes del Consell para revertir lo antes posible la decisión de reducir los caudales de agua del Trasvase Tajo-Segura a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.

Desde su punto de vista, una “declaración de guerra del Gobierno de España contra los intereses económicos de la provincia de Alicante no merece más reflexión ni análisis, requiere acción, un plante del presidente de la Generalitat y del Consell en pleno ante el Gobierno de España para abrir un diálogo de verdad, una mesa de consenso y una vía de acuerdo definitivo para siempre, no para cada tres años en los que vuelven a girar el grifo de cierre de este trasvase”.

“Sin trasvase Tajo-Segura no hay recuperación. Y nuestra tierra no estará en condiciones de igualdad para remontar la crisis que ha generado la pandemia”. Así de tajante se ha expresado hoy el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL), Juan José Sellés, en relación a los intentos de reducir a la mínima expresión las aportaciones de agua hacia Alicante, Murcia y Almería.