Una de las noticias más positivas de la última Encuesta de Población Activa del pasado mes de enero es que España había bajado por primera vez en 13 años del 30% de paro juvenil. A pesar de la mejoría el dato seguía siendo el segundo más alto de toda la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, y con varias regiones del país que superaban esa media. 

Una de ellas es la Comunidad Valenciana, que tiene al 32% de sus jóvenes menores de 25 años sin trabajo. De hecho, todos los indicadores señalan que esta autonomía es una de las peores de España para ser joven y buscar trabajo. Esta realidad se refleja en el último informe elaborado por el Observatorio de Emancipación del Gobierno de España, que indica que la Comunidad es penúltima de España en emancipación residencial.

Entre los factores que cita el estudio destaca que la recuperación económica que se empezó a registrar en 2021 fue "menos notoria en la Comunidad Valenciana", con una reducción de la tasa de actividad (52,6 %) y de la de empleo (35,6 %) con respecto al semestre anterior.

Esto provocó que la tasa de paro juvenil alcanzase a mitad del año pasado el 32,2 %, tres puntos más que a finales de 2020. Y lo más grave: el 43,1 % eran desempleados de larga duración, mientras que la población joven registraba mayores niveles de parcialidad (31,6 %), subocupación (17,9 %) y temporalidad (60,3 %) que en el resto del país. Es decir, menos trabajo y más precario.

Esta situación ha tenido también una repercusión directa en la situación social de los jóvenes. Este mismo miércoles Cáritas presentó el Informe Foessa 2022 sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad Valenciana, en el que alertaba de que uno de cada tres jóvenes entre 19 y 29 años "está afectado por procesos complejos de exclusión social, lo que les impide realizar proyectos de vida para hacer la transición a la vida adulta".

El mismo texto se explica que durante esta crisis la precariedad laboral se ha duplicado y alcanza a más de 280.000 hogares (un 14 %) "que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave". Además, la situación de que el sustentador se encuentre en paro de larga duración ha alcanzado a 65.000 familias y el desempleo total familiar casi se ha duplicado.

Los jóvenes se van de Alicante

Tal como publicó El Español, las consecuencias de esta situación ya se están viendo en lugares como Alicante, donde se está produciendo una fuga constante de teintañeros. En total, desde 2017 han salido de la Costa Blanca 26.000 personas de entre 30 y 40 años, lo que ha tenido un efecto colateral en la infancia: la provincia ha perdido en ese periodo 14.000 niños entre 0 y 10 años.

A pesar de eso la población total sigue creciendo pero por el aumento del censo de personas de más edad, muy especialmente los de la franja de 60 años. Este envejecimiento de la población, con mayores incrementos en las edades en las que las personas ya se han jubilado o están próximas a la jubilación, parece indicar un éxodo lento pero constante de jóvenes precisamente por las condiciones laborales y las consecuencias sociales que está teniendo en sus vidas.