La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha considerado "un acierto" el proyecto de ley aprobado por el actual Consell que "permitirá terminar con el llamado ‘impuesto a la muerte’ derivado del pago por sucesiones y donaciones".

Así se lo han trasladado el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el resto de miembros del comité ejecutivo al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y al conseller de Agricultura, José Luis Aguirre, durante una reunión mantenida este viernes en el Palau.

En un comunicado, Aguado ha señalado que esta es "una reivindicación histórica del sector" y se alegran de que "el nuevo gobierno se haya posicionado de forma tan rápida y contundente".

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"Creemos que es beneficiosa para el conjunto de la sociedad, y sobre todo en el campo, donde hay una falta de relevo generacional y urgen medidas dentro de la Ley de Estructuras que favorezcan la incorporación de jóvenes y la concentración de pequeñas parcelas en explotaciones más competitivas”, ha indicado.

El dirigente agrario ha destacado que los productores "están atravesando una situación límite y necesitan un Consell más sensible y resolutivo para solucionar los problemas reales de nuestra agricultura”.

En ese sentido, ha recordado los puntos más importantes de la ‘hoja de ruta’ que las organizaciones agrarias y cooperativas valencianas tienen consensuada.

AVA-ASAJA ha planteado la modificación de la Ley de la Huerta de Valencia, la cual hasta el momento, bajo el gobierno del Botànic, "ha establecido todas las limitaciones y obligaciones de la normativa".

"En cambio, no ha proporcionado la compensación prometida y adecuada para mejorar la rentabilidad de los productores, que son quienes mantienen el paisaje, como tampoco ha puesto en marcha aún una marca de calidad que permita diferenciar la producción cultivada en este paraje singular", han añadido desde la organización.

Asimismo, la asociación ha destacado la puesta en marcha de medidas dirigidas a adaptar al sector agrario a la digitalización mediante formación y asesoramiento y el reconocimiento oficial de las organizaciones profesionales agrarias como oficinas colaboradoras en las tramitaciones de expedientes.

Finalmente, ha compartido con el nuevo Consell la necesidad de afrontar el problema hídrico a través de un pacto de Estado del agua que contemple infraestructuras para optimizar el almacenamiento y la distribución de este recurso.