Los tres partidos con representación en el Gobierno valenciano (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) sorprendieron el pasado 21 de diciembre con la firma de un acuerdo que se comprometía a sacar adelante la llamada tasa turística, un nuevo impuesto que grava las pernoctaciones de no residentes en municipios de la autonomía. 

El documento, firmado por los tres síndicos, incluía "el impulsar" durante enero y febrero un "proceso de diálogo con el conjunto del sector turístico" para lanzar una propuesta firme "en marzo", con el objetivo de dar "a los ayuntamientos que así lo deseen" un instrumento de recaudación a partir de las "estancias". 

Un mes después, las pricipales patronales turísticas aún no han recibido ninguna llamada de los partidos para iniciar ese proceso de diálogo. Y eso que iba a ser corto: por lo que respecta a la parte empresarial, la respuesta a cualquier intento de poner en marcha nuevos impuestos (porque esta tasa realmente es un impuesto) es un "no rotundo", ni siquiera aunque se articule "de forma voluntaria y a nivel municipal". 

Lo cierto es que, aunque la idea de base se conoce ampliamente, faltan detalles clave por pulir, como por ejemplo a qué tipo de alojamiento afectará y qué uso se le podrá dar al dinero recaudado: si será una vía para paliar la doble infrafinanciación de los municipios turísticos o si, por el contrario, el Ejecutivo autonómico pretende quedarse con una parte del dinero. 

Así las cosas, no se espera que las negociaciones formales arranquen, como mínimo, hasta después de la feria internacional de turismo de Madrid (Fitur), que se celebra en Ifema a partir de este miércoles. El certamen es un escaparate destinado a insuflar de optimismo al sector precisamente en su momento más bajo desde el fin del cierre perimetral, y con pocas perspectivas de remontar hasta, como mínimo, primavera.

Los motivos

¿Qué ha llevado al Botánico a tomarse con calma la tramitación de esta propuesta, que a finales de diciembre parecía tan urgente? Por un lado, la tensión interna que ha habido dentro del principal partido del Botánico, el PSOE. Cuando el síndico socialista en las Cortes, Manolo Mata, compareció con los homólogos de Compromís y Podemos, el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, aseguró que no sabía "nada" del acuerdo. 

Es más: el propio Colomer había defendido 24 horas antes, en un acto de la patronal Hosbec, la no implantación de la tasa. El movimiento de su compañero de partido no solo le dejó en evidencia, sino también la tesis del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de que ahora no era "el momento" para la implantación de nuevos tributos. 

Por otro lado, la coyuntura. Por muchas vueltas que el Botánico le quiera dar, lo cierto es que la tasa turística se plantea en uno de lso peores escenarios para la industria. Las restricciones internacionales, la caída de reservas ante el avance del ómicron y el retraso en la comercialización de los viajes del Imserso (un error, además, achacable a la gestión del Gobierno) han dejado bajo mínimas las perspectivas de la temporada baja, y mucha incertidumbre de cara a la primera mitad de 2022. 

De momento, y según la encuesta realizada por el lobby Exceltur, las perpectivas de los empresarios valencianos son recuperar el 87% de las ventas de un año prepandemia, aunque solo un 30% considera que tendrá los mismos ingresos. Esa caída de rentabilidad se da por hecho al menos durante un ejercicio, en el que muy probablemente, si se implanta de forma inmediata la tasa turística, serán las compañías quienes tenga que asumir el coste del nuevo tributo, al menos en los casos en los que ya hayan negociado las reservas con los operadores.