El proyecto de tasa turística presentado por los tres partidos que conforman el Gobierno tripartito de la Generalitat (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) obligará finalmente a los propios valencianos a pagar el impuesto, siempre y cuando pernocten en alojamientos privados y reglados (hoteles, apartamentos, casas rurales y campings). 

Entre las excepciones previstas para el tributo, contempladas en el artículo 4, no se incluye a los residentes en la propia autonomía, primer mercado nacional para la región y pese a que su inclusión desvirtúa la exposición de motivos de la propia norma: aumentar la recaudación a los visitantes para mejorar los servicios de los mismos valencianos. 

En total el Botánico prevé nueve excepciones al pago de la llamada tasa turística. La principal son los menores de 16 años, pero también afecta a las estancias subvencionadas por programas sociales de las administraciones públicas de

cualquier estado miembro de la Unión Europea (como por ejemplo el Imserso).

Tampoco se cobrarán las estancias por motivos de salud de cualquier persona y de su acompañante, siempre que se justifique la necesidad de recepción de prestaciones sanitarias incluidas en la cartera de servicios del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana.

La tasa no afectará a las estancias que se realicen por causas de fuerza mayor (como catástrofes naturales), las de los albergues juveniles de la red de la Comunidad Valenciana siempre que el usuario tenga menos de 30 años, las de los deportistas que participen en competiciones oficiales o las de asistentes a congresos científicos organizados por las universidades públicas valencianas. Finalmente, están también exentas las personas con un grado de discapacidad superior al 66 %. 

6,5 millones de pernoctaciones

El mercado valenciano es uno de los principales para la propia Comunidad. Según los datos de Turisme Comunitat Valenciana, en 2019 (el último año sin pandemia), los residentes de la región realizaron 6,5 millones de pernoctaciones en alojamientos objetivo de la tasa. La mayor parte en establecimientos hoteleros (3.548.778), pero también hay una cuota importante en campings (1.715.648) y apartamentos (966.715). 

Es más: se da la paradoja de que el Gobierno valenciano mantiene un programa de bono viaje subvencionado para empadronados en la región, con notable éxito, por lo que es posible que se dé la circunstancia de que la Generalitat subvencione hasta el 60 % de un paquete turístico (si continúan las condiciones actuales) y que una parte de ese dinero sirva para pagar la tasa. 

La implantación de este tributo -prevista para finales de 2023 o principios de 2024- ha provocado un gran revuelo fuera de Valencia, e incluso dentro del propio organigrama de la Generalitat. El secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, incluso ha amagado con dimitir en caso de que se apruebe finalmente el proyecto.