Los empresarios dan por finiquitada la tasa turística en la Comunidad Valenciana tras la victoria del PP

Apenas seis meses ha durado el decreto aprobado en solitario por el tripartito de izquierdas que gobernaba en la Generalitat (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) la tasa turística valenciana, el impuesto que pretendía gravar las estancias de los visitantes en función del tipo de alojamiento escogido para sus vacaciones. Esta medida, que salió adelante pese al rechazo unánime de todo el sector, iba a entrar en vigor a finales de este año, y afectaba a hoteles, apartamentos, campings, casas rurales y cruceros, cuyos usuarios tendrían que abonar 

En la práctica y desde el punto de vista político este nuevo tributo parecía una concesión a la ciudad de Valencia, la única de las turísticas que había dicho abiertamente que la iba a aplicar. Ni Alicante, Benidorm, Torrevieja, Gandía o Peñíscola tenían en sus planes aumentar la fiscalidad al turismo, un sector que se encuentra en pleno proceso de recuperación y que, en el caso de la Comunidad Valenciana, mantiene su rentabilidad muy contenida pese a la inflación generalizada.

Esta tasa tenía, además, trampa. A pesar de que desde la Generalitat se vendía como algo "municipal y voluntario", lo cierto es que se trataba de un impuesto de rango autonómico que nacía bonificado al 100 % y que incluía una disposición adicional que permitía a los pueblos y ciudades aplicarla por su cuenta. Ese dinero recaudado, sin embargo, iba a parar directamente a las arcas autonómicas, por lo que su redistribución no dependía de los alcaldes. 

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En general la aprobación de esta tasa, espoleada desde la izquierda del PSOE (aunque finalmente contó con su voto a favor), fue interpretada en territorios con una alta dependencia del turismo, como al provincia de Alicante, como un indicio de "turismofobia" y que contradecía directamente la política "de hospitalidad" impulsada por el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, contrario a la tasa. 

Así lo entendió por ejemplo el presidente de la patronal Hosbec, Fede Fuster, quien en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL aseguró que había temor entre los empresarios de que, si la izquierda volvía a ganar, la tasa se aplicase de manera obligatoria en todo el territorio valenciano, como ya pregonaban algunos cargos de Compromís. 

Fuster también explicó que el turismo se había llevado "un chasco grande con el PSOE valenciano, que de boquilla decía que esto no ayudaba pero luego, a la hora de la verdad, votaron a favor"."Las palabras se las lleva el viento y los hechos están ya consumados. Así que ahora tendrán que asumir el coste que les va a suponer esto desde un punto de vista electoral, que en mi opinión creo que será bastante", indicó.

"Porque al final todos estos costes que se aumentan al turismo a quien más agita es a nuestro personal. Propietarios de hoteles somos pocos, pero generamos miles de puestos de trabajo. Y la gente está escandalizada, y no solo por la tasa turística", agregó. "También cuando se criminaliza su actividad, o se dice de forma peyorativa que somos un país de camareros, como si fuera algo negativo. O que no aportamos valor. Cuando se lanzan estas afirmaciones desde algunos de esos partidos, a quien más daño hacen es a nuestras plantillas. Y creo que eso lo vamos a notar en mayo".