La Audiencia fuerza a la alcaldesa de Santa Pola a promocionar a un denunciante protegido

Ni el juzgado de Elche ni la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana ha conseguido que la actual alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano (PP) termine con la discriminación del agente de la Policía Local, Iñaki Cantonet. Ha tenido que ser la Audiencia Provincial sección 7 de Elche la que, por vía penal, intervenga.

El funcionario es "denunciante protegido" tras haber testificado en el 'caso uniformes' por el que están imputados entre otros el anterior alcalde de la localidad, Miguel Zaragoza (PP), y su hermano el comisario, José Miguel Zaragoza. Varias causas que están a la espera de la apertura de juicio oral.

Cantonet fue el único agente que aprobó en la promoción de la Policía Local de Santa Pola a inspector, lo que le convertiría en el número dos del cuerpo municipal. Pero para ellos tiene que hacer el curso de acceso a la Escala Técnica de la Policía Local convocado por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).

El actual Gobierno local ha impedido ese ascenso no inscribiéndole para el curso en una proceso, primero administrativo y luego penal, que ya lleva en marcha dos años. Y ahora, la Audiencia Provincial, en esta fase penal, ha requerido con urgencia al Ayuntamiento alicantino para que inscriba al agente.

El curso empezaba hoy mismo, 27 de mayo, pero todavía hay posibilidades de incorporación mañana. Algo que al parecer ya está tramitando el Ayuntamiento, pese a que el auto de la Audiencia tiene 20 días.

La alcaldesa no puede intervenir en el proceso porque el agente la ha recusado. Por eso todo que da en manos de una concejal. No obstante, Cantonet anuncia que pedirá daños y perjuicios en los juzgados por el tiempo en el que ha sido discriminado por el actual Gobierno local.

Desobediencia

En verano de 2019 la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana ya decretó que Cantonet y  otros dos funcionarios municipales de Santa Pola tienen el estatuto de «persona denunciante» que les protege de posibles represalias laborales.

Texto de la Agencia Valenciana Antifraude.

Con este estatuto legal "no podrá sufrir aislamiento, persecución, o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de prejuicio o discriminación, durante las investigaciones judiciales ni después de ellas". La decisión apercibía al Consistorio de que la Agencia podrá actuar "si entiende que ha existido dicha discriminación".

La actual alcaldesa restituyó en su puesto al hermano del exalcalde Zaragoza pese a que tenía varios expedientes abiertos y que era investigado en las causas judiciales del 'caso uniformes'. El comisario está pendiente de juicio, por el que le piden un total de tres años de prisión y 16 años y medio de inhabilitación. 

Está acusado de presupuestar una ropa de trabajo que nunca llegó a Santa Pola, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía.