Costas publica los deslindes de Dénia 11 días antes de acabar el plazo: si los vecinos lo rechazan tendrán que ir a los juzgados
- El Ministerio no acepta las alegaciones que apelan al derecho a la propiedad consagrado en la Constitución y archiva un deslinde de 1995 que no hizo.
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El Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Dirección General de Costas, prosigue con sus planes de expropiar terrenos de los vecinos de Dénia a través de los deslindes de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en el "tramo de costa de unos 3.500 mts. de longitud, comprendido entre la margen izda. del río Molinell y Carrer Riu Xinxilla, en el entorno de la Playa de Les Deveses".
De nada han servido las múltiples alegaciones presentadas. Entre otras, que "el deslinde constituye un atentado flagrante contra el derecho de propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución Española". O "sobre los principios generales de transparencia y participación pública manifestando que durante la fase de información pública se habría difundido muy poca información en la web del Ministerio".
También, y entrando en el fondo del asunto, que "las causas de la regresión costera en el tramo son imputables a la Administración debido a su dejación de funciones durante décadas a la hora de perseguir los fines que se le fijan en el artículo 2 a) de la Ley de Costas".
O que "es improcedente practicar con carácter simultáneo el deslinde y la obra de regeneración en la playa de Les Deveses, la cual ha transformado por completo la realidad física del tramo, consolidando la playa existente y reduciendo el alcance de los temporales, constituyendo una solución menos gravosa que el deslinde para los propietarios de los terrenos adyacentes.
Más aún, que "en este tramo de costa ya existen algunas zonas con un procedimiento de deslinde incoado en 1995, que no ha sido resuelto, por lo que la tramitación de un nuevo deslinde sin resolver el anterior vulneraría los principios de legalidad y seguridad jurídica".
Frente a todo esto la publicación en el BOE recoge que "con fecha 12 de diciembre de 2024, la Abogacía del Estado, una vez examinada la propuesta de resolución de 13 de noviembre de 2024, ha emitido informe favorable considerando que la misma se ajusta a Derecho, si bien debería incorporarse pronunciamiento sobre la adecuada coordinación entre los planos topográficos empleados en la tramitación del procedimiento y la cartografía catastral".
Por eso el Ministerio ha publicado en la misma orden el archivo "de los expedientes incoados" en 1995, según explica por "haber quedado subsumidos en el presente expediente".
Y de este modo dan un plazo de un año "para solicitar la correspondiente concesión" a cambio de entregar la propiedad de sus terrenos en la nueva zona de DPMT al Estado o interponer en un mes recurso de reposición ante el Ministerio o (en este caso dos meses) un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, lo que puede llevar a los vecinos años de litigios y un alto coste en abogados para defender su propiedad.