Negro 2021… ¿y 2022?
Los datos son escalofriantes. En 2021 el sector agrario valenciano acumuló unas pérdidas de 640 millones de euros: 230 por problemas de mercado, 250 por plagas y enfermedades, 100 por adversidades climáticas, 35 por daños de fauna salvaje y 25 por robos. Además, la brutal escalada de los costes de producción supuso para la agricultura valenciana unos sobrecostes de 500 millones, entre el encarecimiento de la energía eléctrica (+270%), el gasóleo (+73%), los abonos (+48%) y los piensos (+25%).
Este dramático balance ha tenido su reflejo en las tierras dejadas de cultivar, más de 2.000 hectáreas el último año, de modo que la Comunidad Valenciana ya roza las 165.000 hectáreas improductivas, consolidándose de manera cada vez más destacada como el farolillo rojo de España y de Europa. Triste honor que igualmente ostenta en envejecimiento de la población agraria (más de 63 años de media) y en falta de relevo generacional. Porque, ¿qué joven en su sano juicio va a apostar por un sector sin garantías de viabilidad?
En la era de la sostenibilidad, nuestro campo no es sostenible porque le falta la pata económica, sin la cual es imposible mantener la social y medioambiental. Y no puede serlo porque las legislaciones puestas en marcha por las distintas administraciones son un auténtico fracaso. En Valencia, la Ley de Estructuras Agrarias no tiene aún proyectos ejecutados, mientras las florituras de la Ley de la Huerta marchitan a los agricultores que son los que mantienen el paisaje. En Madrid, basta con ver los precios de ruina de la naranja y el caqui para comprobar que la nueva reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria nace prácticamente muerta. Y Bruselas, con sus acuerdos comerciales con países terceros y la pérdida tanto de mercados interiores como exteriores, o replantea su concepto de la Unión Europea (no puede ser solo un club de mercaderes) o la decadencia de Europa será cada vez más visible.
Sí, el sector productor tiene sobrados motivos que explican su situación desesperada. Pero me gustaría centrarme principalmente en dos asuntos. El primero es el mayor hachazo que el Gobierno pretende asestar al seguro agrario en sus más de 40 años de historia. ENESA, órgano autónomo del Ministerio, ha traicionado a los agricultores secundando a Agroseguro en sus planes para recortar las coberturas del seguro de cítricos.
Durante la democracia española, todos los gobiernos han venido haciendo un esfuerzo importante para ir ampliando y adaptando las coberturas a las necesidades reales de los productores. Los diferentes ejecutivos entendieron que el seguro es la mejor manera de garantizar la renta ante adversidades climáticas y no tener que poner fondos extraordinarios en caso de un siniestro grave. Pero, por primera vez y desoyendo las demandas del sector, ENESA elige dar prioridad a la cuenta de resultados de las grandes aseguradoras antes que ponerse del lado de los agricultores y ganaderos. Si no cesa al director de ENESA y si consume dicho retroceso en el seguro, este Gobierno no será progresista, sino retrógrado.
Hacia atrás como los cangrejos también vamos en la lucha contra las plagas y enfermedades agrarias. Europa ha suprimido dos terceras partes de las materias activas fitosanitarias en apenas una década, y lo ha hecho además sin proporcionar alternativas o estrategias de prevención y controles eficaces. El resultado es que, mientras la clase política monta campañas contra el desperdicio alimentario, a pie de campo nunca antes se han perdido tantas cosechas por falta de soluciones.
El principal dolor de cabeza en 2021 fue el Cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae) que continúa su expansión por la citricultura valenciana y española. Otros cotonets, junto a moscas blancas y la mancha foliar (Mycosphaerella nawae), ponen contra las cuerdas el cultivo del caqui, puesto que esta pasada campaña echaron a perder la mitad de la cosecha autonómica. En el cultivo de la viña, los ataques de mildiu fueron especialmente virulentos. En el arrozal valenciano, hubo una multiplicación récord de malas hierbas que diezmó la producción y disparó los costes en mano de obra…
Las amenazas más letales de la agricultura mundial nos tienen metido el susto en el cuerpo. La Xylella fastidiosa (el ébola del olivo la llaman en Italia) llegó en 2021 a la provincia de Valencia, tras superar la zona demarcada las 135.000 hectáreas en Alicante. El vector transmisor Trioza erytreae del Huanglongbing (HLB) ha bajado hasta el Algarve portugués y ya acecha los cítricos de Huelva. Finalmente, la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta) puede entrar en cualquier momento mientras Bruselas siga resistiéndose a aprobar, tal como recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la obligatoriedad para que los cítricos sudafricanos con destino a la Unión Europea apliquen el tratamiento en frío.
Si 2021 ha sido un año negro, 2022 no se presenta mejor. Ante la subida inasumible de los costes de producción, habrá que plantearse reducir en un porcentaje importante los insumos (fertilizantes, energía, agua, etc.) porque no podemos repercutirlos en los precios que percibimos. No niego la parte de culpa del propio sector, creo que los agricultores debemos estar más unidos e ir todos a una. Criticando en el bar o insultando en el whatsapp no vamos a ningún lado. Cada productor debería asociarse a la organización profesional reconocida que más le guste, participar en las sectoriales y sumarse a las movilizaciones. Lo otro es ahondar en la división del campo, lo que nos haría aún más débiles.
Si la pandemia lo permite, estamos estudiando con el resto de asociaciones la convocatoria de nuevos actos de protesta en la Comunidad Valenciana. Asimismo, el 20 de marzo todo el sector agrario culminará la campaña SOS Rural con una gran manifestación en Madrid para defender un futuro, sí, un futuro, digno del medio rural.
