Solo sí es sí: la chapuza de Irene Montero y su cómplice Pedro Sánchez
El infierno está empedrado de buenas intenciones. Y estos buenos deseos proceden por lo general y desgraciadamente de unas políticas públicas que producen resultados no deseados, o como decían los clásicos, “consecuencias inintencionadas”. Son los riesgos, por ejemplo, de jugar a ser aprendices de brujo con el Código Penal.
Es es el caso, sin ir más lejos, de la chapucera, nefasta y sangrante Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como ley del solo sí es sí, que constituye todo un paradigma del efecto pernicioso de una política pública envuelta de buenismo y bondad aparente por parte de sus impulsores -el Gobierno del PSOE y Podemos-, y que después de más 500 rebajas de penas y 40 excarcelaciones de agresores sexuales y violadores, se erige ya sin duda como el principal factor de alarma social en España.
Así, una simple evaluación moral de los efectos indeseados de este bodrio de norma nos llevará a la conclusión de que tal legislación, a la vista de los incontestables datos de reducciones de condenas y excarcelaciones, ya es un pluscuamperfecto fracaso de Pedro Sánchez y sus socios, y sobre todo, un insulto y una afrenta a las víctimas y sus familias, y por extensión, al resto de la sociedad, que asiste atónita a esta triste ceremonia del desconcierto y la incompetencia.
[PSOE y Podemos usarán la reforma exprés del Código Penal para corregir la Ley del 'sólo sí es sí']
La fusión de los delitos de violación y abusos en un sólo tipo delictivo, pese a que son comportamientos muy distintos, es la causa que explica el aluvión de las reducciones de condenas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que presenciamos con tanta rabia y dolor. Error, ¡qué inmenso error!, el desprecio del principio fundamental de proporcionalidad de las penas que debe regir toda norma. O lo que es lo mismo: se tienen que castigar con mayor pena los hechos más graves, y ser menos severo con los más leves.
En el Código penal de 1995, para los delitos contra la libertad sexual, se diferenciaba entre agresión y abuso. De esta forma, se castigaba cualquier acto sexual ejecutado sin consentimiento, pero se tipificaba como agresión sexual, y por tanto, se castigaba con mayores penas, aquellos actos en los que había intimidación o violencia contra la víctima. Asimismo, se tenían en cuenta otros aspectos para establecer un mayor o menor castigo (si la víctima era vulnerable o si se había dado penetración). ¿Por qué? Porque no es lo mismo un tocón -por mucho asco que nos dé- que alguien que amenaza, agrede y hiere a una mujer antes y/o después de violarla.
Pero hete aquí que se impuso la pancarta al Derecho. Y con el sí es sí se eliminó el principio de proporcionalidad, se optó por erradicar el delito de abuso sexual y se fusionó con el de agresión. Todo ya es agresión sexual, independientemente de si hay violencia o intimidación. Por si esto fuera poco, este nuevo delito ya fusionado lleva aparejadas unas horquillas de penas muy amplias, hasta el punto de que la nueva pena mínima fijada para el delito unificado de agresión sexual es la del antiguo abuso sexual, es decir, cuatro años de prisión.
El resultado de este dislate jurídico es conocido: una cascada de revisiones a la baja de condenas para más de 500 delincuentes sexuales, que se ven beneficiados por la reforma del PSOE y de Podemos. Dado que la ley del solo sí es sí no tiene en cuenta si ha habido violencia o intimidación, las penas para estos reos se sustituyen ahora por las penas que habrían tenido por haber incurrido en hechos más leves, sin mediar intimidación o violencia.
Es el carísimo peaje social que estamos pagando todos por una decisión política -la de unificar esos dos delitos en uno- carente de la más mínima sofisticación jurídica; una decisión frívola, donde pesó más el criterio ideológico que el técnico, y donde se apostó más por la propaganda que por el análisis racional de una realidad que es tozuda. Pero este es el Gobierno que tenemos. Los efectos de esta maldita norma ya no se pueden reparar.
La contrarreforma legal que ahora, deprisa y corriendo, necesita acelerar Sánchez -el mismo que hasta hace poco decía que la ley del solo sí es sí era una norma “de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo”-, no se podrá aplicar a estos más de 500 agresores sexuales, violadores y pederastas que se han visto beneficiados de esta nociva norma a través de su excarcelación o la reducción de sus penas.
Es más; esta contrarreforma sólo podrá aplicarse a los que cometan estos delitos después de su entrada en vigor. La chapuza seguirá beneficiando a cuantos los cometieron antes. Esta súbita reforma de la ley de Sánchez e Irene Montero, del PSOE y de Podemos, del Gobierno, sus socios y de todos los partidos que la aprobaron en el Congreso de los Diputados, únicamente impedirá que salgan a la calle los delincuentes sexuales a partir de la entrada en vigor del nuevo texto, algo que está previsto para el mes de marzo, casualmente apenas dos meses antes de la celebración de las elecciones autonómicas y municipales.
Y es que el único motivo de esta repentina modificación del solo sí es sí no es la convicción ni el reconocimiento de que se han hecho las cosas rematadamente mal y con consecuencias perversas, sino el interminable número de encuestas -no las del CIS, evidentemente- que vaticinan un descalabro socialista el 28-M y que reflejan el hartazgo y la indignación social de la caprichosa norma.
La rectificación forzada del Gobierno -la parte podemita del mismo continúa enrocada y sostiene que la ley es perfecta- es poco menos que obligada e inevitable, ya que hasta el PSOE se ha dado cuenta que el incesante recuento de reducciones de penas y excarcelaciones resulta intolerable para la ciudadanía. Pero el daño está hecho. El perjuicio causado no se podrá reparar, ni devolver a los violadores a la cárcel ni aumentar las penas a los agresores cuyas condenas se han suavizado, porque como apuntaba, la modificación legal sólo tiene efectos si es más beneficiosa para el reo que la norma original.
Por ello, es sonrojante la actitud que tuvo y tiene el Gobierno. El argumento de que las reducciones de penas las están llevando a cabo “una minoría de jueces conservadores” es tan peregrino como falaz. Debe ser que el Supremo, los tribunales superiores de justicia autonómicos y las audiencias provinciales están llenas de jueces de extrema derecha.
Además, los socialistas sabían perfectamente las consecuencias, ahora confirmadas, que podía tener esta detestable ley. Sabían que iba a beneficiar a los violadores y pederastas ya condenados. Lo sabían y no hicieron nada. Lo sabían, y tragaron, porque era y es más importante para el PSOE mantenerse en el poder y no perjudicar la salud de la coalición de Gobierno que parar un atropello a la justicia y el sentido común. La ministra Montero no habría podido pergeñar nada de esto sin la complicidad de Sánchez, quien puso sus intereses partidistas muy por encima del interés general, del Derecho y de las víctimas de violadores y pederastas.
Resulta urgente, por tanto, modificar la ley en los términos propuestos por el PP y volver a la situación previa al solo sí es sí -la propuesta socialista para reformar la ley de Sánchez y Montero es una copia literal de la presentada por Alberto Núñez Feijoó-, pero igual de urgente es la destitución inmediata de las ministras de Igualdad, Irene Montero, y de Justicia, Pilar Llop.
Que pidan perdón a las víctimas, que rectifiquen, que cambien la norma para no beneficiar a más delincuentes sexuales y que dimitan es, supongo, pedir demasiado, pero esas al menos serían las únicas consecuencias positivas de este escándalo. Es lo que toca. Y es lo obligado. Sánchez sólo tiene dos opciones: o su interés personal o las víctimas.
Luis Barcala es alcalde de Alicante
