A estas alturas parece ya claro que la izquierda, o como prefieren llamarse ahora, los progresistas, llevan mucho tiempo de lejos de ser una ideología "de clase" para convertirse en una amalgama mal fusionada de radicalismos de género, raza o ecología. Mal fusionada pero con relativo éxito electoral mientras abanderen la política del miedo a la derecha o la extrema derecha.

En el caso de Alicante, sin ese relativo éxito en las urnas, ya que elección tras elección son dirigidos directamente al banquillo de la oposición por parte de los vecinos de la ciudad. 

Y en ese escenario es en el que debemos entender la inoperancia de partidos históricamente importantes para la ciudad como el PSPV-PSOE, siempre envuelto en guerras cainitas para ver quién es definitivamente quien gestiona las miserias de participación en los comicios. ¿Ángel Franco o Ana Barceló? Sustituya usted mismo el nombre de ésta última por cualquier otro de los que han sido algo en socialismo alicantino y obtendrá la respuesta.

Así, cuando escucho a los líderes socialistas de Alicante que van a instar al Gobierno central o la Comisión Europea para obligar al alcalde Luis Barcala a imponer multas a los conductores que infrinjan unas restricciones de movilidad en las Zonas de Bajas Emisiones -restricciones que no existen-, entiendo un poquito más su situación y peso en la opinión pública de la ciudad.

Porque, ¿a quién beneficiarían esas multas y a quién le perjudicarían? Léanse la sentencia del TSJ madrileño que anula las multas en Madrid Central y saldrán de dudas. Esas multas perjudicarían al trabajador alicantino, al comercio, y a quienes pagando sus impuestos no pueden permitirse el lujo de comprarse un coche nuevo con calificación ambiental adecuada.

Para que luego sigan llevando en sus siglas la "o" de obrero. ¿Qué personas pueden comprarse coches nuevos, eléctricos e híbridos a los precios actuales y con la inflación galopante que ha disminuido la capacidad de ahorrar y el poder adquisitivo de las clases medias y bajas? ¿Qué empresa puede renovar su flota de vehículos para servir mercancía a los comercios, por ejemplo? ¿Quién puede quitarse de problemas y trasladarse en taxi o VTC cada vez que lo necesite?

La progresía responderá, echando balones fuera, que con más impuestos se podrían acometer más políticas públicas para reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos. Pero verdaderamente, ¿es en eso en lo que se destinan nuestros impuestos y las multas?

Los españoles pagamos entre un 30 y un 35% de nuestros salarios en impuestos, de media. Las clases medias más, porque las grandes fortunas tienen un inmenso catálogo de modos en los que sortear los tributos. Es fácilmente comprobable, miren sus nóminas. Es decir, que trabajamos uno de cada tres días para los distintos gobiernos: local, autonómico, nacional y europeo (no olvidemos el IVA en cada producto que compramos).

¿Nos está diciendo la izquierda que quieren que paguemos más en multas, que paguemos más impuestos, que gastemos más en nuestros vehículos o en nuestra movilidad? ¿Por qué sus gobiernos van a gestionar mejor nuestro dinero que nosotros mismos? ¿Qué tiene eso que ver con la izquierda? Tiene que ver con la nueva izquierda, que ya no es obrera sino defensora de otros intereses políticos variados y no necesariamente alineados con una clase social sino con un universo ideológico copiado de los movimientos sociales.