John Woo dirigió una película sobre las guerras internas que asolaron China en el siglo II. La película en cuestión se llamaba El acantilado rojo. Una de las escenas memorables de la película tenía lugar cuando el general de una de las facciones era entretenido por una de las espías del bando contrario, para conseguir que llegase tarde a la batalla.
Dudo mucho que la periodista con la que se reunió el día de la DANA el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fuese una espía que tratase de impedir a toda costa de que Mazón llegase pronto a la reunión del comité de emergencia. Es más probable que Mazón no diese la importancia que tenían las alertas meteorológicas existentes, al igual que hizo la ministra de transición ecológica Teresa Ribera que ese mismo día embarcaba hacia Bruselas.
También es discutible que, de haber estado presentes, los conocimientos de Mazón y Ribera hubiesen cambiado el curso de los acontecimientos. Ambos aseguran que mantuvieron el contacto con los responsables de la gestión de la crisis, aunque no se conoce ninguna acción palpable más allá de unas llamadas de teléfonos realizadas cuando ya la situación se había desbordado.
Así que toda la gestión la llevaron a cabo la Consellera de Interior, Salomé Pradas, la delegada del gobierno Pilar Bernabé y los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Parece que Salome Pradas no era la persona más adecuada para liderar la gestión de la crisis. Le tocó la gestión de emergencias de rebote cuando Vox abandonó el gobierno valenciano y Mazón probablemente pensaría que con un poco de suerte no habría ninguna catástrofe en este mandato. Algo así debió pensar el presidente Pedro Sánchez, cuando poco antes de la llegada del COVID nombró al escasamente conocedor de los temas sanitarios, Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Los que sí dependen directamente de la ministra Ribera y suelen ser los sospechosos habituales en este tipo de catástrofes, son las Confederaciones Hidrográficas. Entes algo opacos y parece que llenos de enchufados más pendientes de servir al gobierno que a los intereses de las personas que viven cerca de los cauces de los ríos que deben gestionar.
Cuando ocurrieron las inundaciones de la Vega Baja en 2019, muchos de los indicios apuntaron que la Confederación del Segura no había hecho su trabajo de mantener limpios los cauces, solo los socialistas valencianos les defendieron. De hecho, los responsables de la Confederación no quisieron asistir a la comisión de la DANA (la de 2019) que se creó en las Cortes Valencianas. Yo, que formé parte de aquella comisión, recuerdo mis enfrentamientos con los diputados socialistas que en contra de toda lógica defendían esa incomparecencia.
En esta otra tragedia, la Confederación, esta vez la del Júcar, vuelven a ser los sospechosos habituales. Ni acometieron las obras que ellos mismos calificaban de necesarias, ni procedieron a la limpieza de los cauces tal como se les había solicitado desde la Cortes Valencianas el pasado mes de julio. Así que la situación empezó mal de forma previa a las lluvias debido a la escasa diligencia del organismo responsabilidad de la ministra Ribera.
Pero me permito hacer unos apuntes que cabrían en cualquier teoría de la conspiración. El día crítico, a las 13:20, la Confederación envía un mensaje acerca de la Rambla del Poyo en la que indican que se han registrado 120 m³/s con “tendencia descendente”. A las 15:04 se informa que el caudal sigue descendiendo en la Rambla del Poyo, y en un nuevo email de la Confederación se señala que se ha bajado del nivel 2 de riesgo.
A las 17:00 el presidente de la Confederación desvía definitivamente la atención de la rambla del Poyo, informando que el embalse de la Forata se halla en situación crítica. Dicha obra, realizada en tiempos de Franco aguanta la embestida, pero centra la atención de los técnicos. A las 17:25 en el barranco del Poyo vuelve a estar en riesgo, ya que crece enormemente el caudal, pero en ese momento NO SE ENVÍA NINGÚN CORREO tal como se había hecho cuando había bajado.
Cerca de las 19:00 por fin la Confederación envía un correo advirtiendo de que la rambla del Poyo se halla en una situación fuera de control. ¿Error humano o técnico? Nadie lo sabe, ya que la Confederación ha echado balones fuera.
Una hora y media crítica, a la que hay que sumar también las dos horas que tardaron en reunirse en el Cecopi todos los organismos que tenían que gestionar la crisis. También a las cuatro horas que tardó el general de la UME en dar la autorización en dirigir a sus tropas hacia Utiel, por cierto, en ese momento ya no podían acceder.
También deberíamos sumar el tiempo eterno que Robles y Marlaska se tomaron antes de actuar. También a lo cerca de una hora que tardaron en gestionar los técnicos el mensaje de alarma, debatiendo si lo hacían más o menos preocupante o si lo hacían en bilingüe o no. Si a eso sumamos unos protocolos de actuación burocráticos, poco ágiles y nefastos, solo falta que llueva lo suficiente para que el desastre se consume.
¿Debería dimitir Mazón? Probablemente, ya que, su gestión posterior a la tragedia deja mucho que desear. ¿Debería ser el primero en dimitir? No. Hay muchos más responsables a nivel autonómico y central que deberían desfilar primero. Pero como en la película El acantilado rojo lo llamativo de todo el desastre es un político despistado del mundo reunido con una mujer. En la España de hoy si ese político es de derechas se le perdona menos. En cualquier caso no podemos olvidar que, Mazón está dando la cara, mientras Ribera sigue escondida tal como hizo la Confederación en aquella comisión de las Cortes Valencianas.
Fernando Llopis es exdiputado autonómico de Cs en las Cortes Valencianas.