Cada año, más de un centenar de personas fallecidas en la provincia de Alicante se quedan, durante un tiempo, en una especie de limbo hasta que, finalmente, son enterradas. Sin familia -o sin haberla podido localizar-, en muchos casos, o sin que su entorno pueda hacer frente a los gastos del sepelio, en otros, las inhumaciones acaban sucediéndose en el más estricto silencio, en rincones de los cementerios municipales donde ninguna persona les llevará flores; 'los nadies', que diría el poeta Eduardo Galeano.
Hacemos el recorrido, nada sencillo, desde el deceso hasta el conocido como entierro de beneficencia. En un primer momento, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia se hace cargo del cuerpo; si la muerte ha sido violenta o sospechosa de criminalidad, y previa autorización judicial, el médico trata de averiguar su causa, como en el caso del muerto aparecido a mediados de agosto en la playa ilicitana de Arenales en avanzado estado de descomposición, sin una pierna ni el cráneo.
Tanto en este caso extremo como si se tratara de una muerte natural, se acaba averiguando su identidad. "Los fallecidos que nadie reclaman, nosotros damos parte, y se lo lleva la funeraria después de haber dado el avance de la autopsia", explican fuentes del Instituto Forense.
¿Tenía familia?
Desde servicios funerarios como ASV, que cuenta con 31 tanatorios en la Comunitat Valenciana de los 83 que tiene repartidos en todo el país, explican que contactan con estamentos públicos como la Policía Nacional, Guardia Civil o consulados en caso de personas extranjeras para averiguar si el finado tenía familia.
A partir de aquí, se pueden dar tres casos: que se consiga localizar a la familia y esta se interese por la situación, que el fallecido tenga allegados pero por cualquier motivo perdiera el contacto o la familia no desea tener noticias suyas y por último, que no exista familia conocida.
Ante estas dos últimas situaciones, los tanatorios saben adónde dirigirse: los Servicios Sociales del Ayuntamiento de residencia, a cuyos departamentos les consultan por si estuviesen asistiendo de alguna forma al fallecido o si existiese tutela por parte de la Generalitat Valenciana.
Asimismo, y de manera paralela, deben averiguar si el fallecido disponía de seguro de decesos y hubiese dispuesto sus últimas voluntades. "Ante cualquiera de estas circunstancias lo que tratamos de averiguar es si esta persona en algún momento dejó expresado cuál era su deseo una vez fallecido para respetarlo", responden fuentes de la dirección.
¿Cuánto tiempo pasa hasta su entierro?
Una vez que se ha certificado la defunción, se deben realizar otros trámites: comunicación al registro civil y solicitud de licencia para poder realizar la inhumación. Sin embargo, "los tiempos habituales no son aplicables", habitualmente, de 24 horas o menos: la clave en estos casos está en los plazos para localizar a la familia a los cuales también se pueden sumar otras circunstancias como la ya mencionada intervención de la Autoridad judicial, que también puede demorar el proceso.
El papel de los Ayuntamientos
Aquí es donde entra el papel de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, los cuales, explican, han firmado convenios con funerarias como ASV para sufragar los gastos del entierro. Así, Alicante ciudad enterró en 2019 a 50 personas que responden a este perfil, a 59 en 2020, año del inicio de la pandemia y a 23 en lo que llevamos de 2021.
Gracias a un convenio firmado entre la concejalía de Infraestructuras y Mantenimiento que dirige José Ramón González González y ASV, cuyo último contrato firmaron el pasado mes de marzo para dos años, el coste de cada sepelio es de 605 euros.
Nos vamos a la vecina Elche, cuyo concejal de Mantenimiento, Héctor Díez Pérez explica que los casos más abundantes pertenecen a las familias sin recursos que no pueden hacer frente al coste. Para ello, primero debería de haber un informe de Bienestar Social que lo certifique.
Durante 2020, en Elche hubo 16 difuntos, 10 de ellos se alegó de los allegados que no tenían recursos para hacerse cargo y el restante, 6, se debía a que no tenían familiares que solicitaran las inhumaciones. Con coste por defunción de 690,14 euros, el año pasado las arcas municipales destinaron un total de 11.054 euros.
¿Dónde acaban enterradas estas personas? Le preguntamos. "En nichos que los particulares no desean", responde el edil. Esto es, los de cuarta altura, los más económicos del cementerio y que para acceder en caso de querer dejar flores se necesita escalera. En casos de localidades más pequeñas como Alcoy, donde anualmente se vienen registrando unos 3 fallecimientos de este perfil, el sepelio básico tiene lugar en "una zona común" del cementerio, pero si a los Servicios Sociales le consta que esa persona dejó dinero, "intentamos que sea un sepelio más digno y se le entierre junto a su familia", explica la concejala del área, María Aranzazú de Gracia Gomis.
Con la pandemia, ¿han aumentado los fallecidos sin identificar?
En contra de lo que se podría pensar, no. Si bien Alicante ciudad ha experimentado un ligero aumento en 2020, en otras grandes localidades como Elche señalan que, incluido ese año y anteriores, siempre se han mantenido en una media por debajo de 20 fallecimientos anuales.
Tampoco han detectado una relación directa con la Covid en el servicio funerario ASV. "No hemos visto incrementado el número de fallecidos sin identificar, ya que los fallecidos por enfermedad común, o por una afección como las provocadas por la Covid, suelen fallecer en centros hospitalarios, residencias o domicilios particulares cerca de sus familiares", responden estas fuentes.