Empieza el juicio en Alcoy por una de las residencias en la que murieron más personas por Covid en pandemia

Murieron 74 personas de las 135 que residían. Ese fue el duro resultado que sufrieron los familiares de la residencia de mayores DomusVi en Alcoy con la llegada de la pandemia de la Covid en 2020. Por ello se enfrentan sus responsables a un juicio en Alcoy que se ha abierto este jueves.

Los familiares de los fallecidos, como cuentan a À Punt Notícies, consideran este caso uno de los más graves registrados en España. Así, Jordi Sancha, hijo de una de las víctimas, busca respuestas a "por qué murieron tantas personas y por qué fue la residencia de Alcoy fue la de mayor porcentaje de muertos".

En la vista previa celebrada este jueves, ambas partes han presentado al juez las pruebas y testimonios que hayan considerado, con la intención de que sean admitidas para el juicio. Será tras este trámite cuando se determinará el calendario y el objeto del proceso.

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Los demandantes, constituidos como Asociación de Familiares Afectados en las Residencias DomusVi Alcoy y Cocentaina, representan a 46 familiares de 18 fallecidos y presentaron una demanda civil en octubre de 2021, aunque hay familiares que no han querido sumarse, algunos por no revivir aquellos momentos y otros por no poder asumir el dispendio económico que supone un juicio, han explicado a Efe desde el colectivo.

En las puertas de los juzgados de Alcoy, el portavoz de la plataforma de familiares, José Luis García, ha declarado a Efe que después de tres años valoran "haber llegado a este punto" y esperan que "salga la verdad y saber todo lo que pasó".

Tanto García como el letrado encargado del caso, José Guillem, han denunciado la falta de colaboración de la administración pública a la hora de recabar información.

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García ha afirmado que a través de este proceso exigen la responsabilidad civil a la empresa matriz de DomusVi, Quavitae Servicios Asistenciales, y a la aseguradora Mapfre España, tras este suceso, por el que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas multó con 40.000 euros a la empresa concesionaria por no haber respetado durante años los ratios de personal médico y técnicos.

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